El Consejo de Ministros acaba de aprobar la Ley de Violencia Vicaria que incorpora por primera vez una regulación específica sobre esta forma de violencia en el ordenamiento jurídico español. La norma, impulsada por los ministerios de Igualdad, Juventud e Infancia y Justicia, define la violencia vicaria como aquella ejercida por un hombre contra los hijos o personas del entorno de una mujer con el objetivo de causarle el mayor daño posible, dentro del contexto de la «violencia de género».
El texto parte de esa definición y centra toda su regulación en los supuestos en los que el agresor es el padre o la pareja o expareja de la madre. La ley no contempla como violencia vicaria los casos en los que una madre pudiera maltratar o asesinar a sus hijos con la finalidad de perjudicar al padre, una circunstancia que ha generado críticas por parte de quienes consideran que el concepto debería aplicarse con independencia del sexo del progenitor.
Entre las principales novedades, la norma modifica diversas leyes para reforzar la protección de los menores y de las mujeres víctimas de violencia de género. También prevé cambios en el Código Civil para garantizar que los menores sean escuchados antes de adoptar decisiones sobre custodias o regímenes de visitas, además de reforzar las consecuencias para los condenados por este tipo de delitos.
El proyecto llega al Congreso después de varios meses de negociaciones entre los distintos departamentos implicados. Su tramitación se retrasó por las discrepancias existentes sobre cuestiones como la patria potestad, el régimen de visitas o la configuración penal de la violencia vicaria, aspectos que finalmente fueron modificados durante la negociación del texto definitivo.
Según los datos oficiales, desde 2013 han sido asesinados decenas de menores por sus padres en el contexto de la violencia de género, cifras que el Gobierno utiliza para justificar la necesidad de una legislación específica. El Ejecutivo sostiene que la nueva ley busca ofrecer una mayor protección a las víctimas y reforzar la prevención de este tipo de conductas.
La aprobación de la norma ha reabierto el debate sobre el alcance jurídico del concepto de violencia vicaria. Mientras el Gobierno defiende que responde a una modalidad concreta de violencia de género ejercida contra las mujeres a través de sus hijos, sus detractores sostienen que la protección legal debería abarcar igualmente cualquier caso en el que un menor sea utilizado como instrumento para dañar al otro progenitor, con independencia de si el agresor es el padre o la madre.
