El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley que modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) con el objetivo de «reforzar» la autonomía de la Fiscalía. Según el texto, al que ha tenido acceso El Mundo, la reforma se justifica «a la vista del nuevo modelo procesal penal diseñado por el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que actualmente se encuentra en tramitación».
Además de los cambios principales ya conocidos —como la desvinculación del mandato del fiscal general del Gobierno, su ampliación a cinco años, la concesión de poder decisorio a la Junta de Fiscales de Sala o la nueva regulación de las comunicaciones con el Ejecutivo— el texto incluye otra medida clave que beneficia directamente al cargo de fiscal general del Estado.
Después de que el Tribunal Supremo anulara en varias ocasiones el ascenso de Dolores Delgado, ex fiscal general del Estado y exministra de Justicia, a fiscal de Sala —y tras acusar al actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, de «desviación de poder»— el Ejecutivo opta ahora por regular legalmente el ascenso automático a la máxima categoría para los futuros fiscales generales.
El nuevo artículo 29 del EOMF establece que «el nombramiento como fiscal general del Estado de un miembro de la carrera fiscal implicará el inmediato ascenso a la primera categoría, si no la ostentara, siempre que al término del mandato se cumplan los requisitos exigidos de antigüedad para ser fiscal de Sala».
Una medida polémica, ya que dentro de la carrera fiscal hay voces críticas que recuerdan que ser designado por el Gobierno no acredita la excelencia jurídica que se presume a los fiscales de Sala, una categoría equiparable a la de magistrado del Tribunal Supremo.
El anteproyecto también trata de blindar a los futuros fiscales generales frente a posibles cambios de Gobierno. Sólo podrán ser cesados por el Consejo de Ministros por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, y siempre que se recabe antes un informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial.
Asimismo, en caso de cese anticipado, la duración del mandato del sucesor «no excederá de la que restara al cesado» dentro del plazo de cinco años. Además, sólo podrá renovarse si el titular hubiera ejercido durante menos de un año, lo que en la práctica limita el cargo a un máximo de seis años.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la reforma asegurando que es un «paso imprescindible» antes de entregar las instrucciones penales a los fiscales. Bolaños añadió que la modificación se tramitará de forma conjunta con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y subrayó la necesidad de reformar el sistema penal español por considerarlo «obsoleto».
