Ángel Escribano dimitirá este miércoles de su cargo como presidente de Indra ante las presiones del Gobierno, que en las últimas semanas ha intensificado su ofensiva para forzar su salida y recuperar el control de la compañía estratégica.
La decisión se formalizará en un consejo extraordinario convocado de urgencia, y ha sido tomada en un clima de máxima discreción, hasta el punto de que incluso personas de su entorno más cercano desconocían el paso que iba a dar. Pese a haber resistido durante meses con apoyos dentro del consejo y del accionariado, el pulso con Moncloa ha terminado inclinándose a favor del Ejecutivo.
Uno de los elementos clave en esta batalla ha sido el peso de los contratos de defensa. En un momento de fuerte aumento del gasto militar en Europa, el Estado tiene un papel decisivo como cliente principal del sector. Desde el entorno gubernamental se llegó a deslizar la posibilidad de limitar adjudicaciones no solo a Indra, sino también a Escribano Mechanical & Engineering, la empresa propiedad de la familia Escribano, lo que habría incrementado la presión sobre el directivo.
El origen del conflicto se sitúa en la operación de integración entre Indra y EM&E, que inicialmente contaba con respaldo institucional. Sin embargo, el Gobierno empezó a recelar al considerar que dicha fusión podría otorgar a la familia Escribano un peso accionarial cercano al del propio Estado, que actualmente controla una participación relevante a través de la SEPI. Este cambio de percepción marcó un punto de inflexión.
A partir de ahí, la ofensiva fue escalando. Primero, con advertencias públicas sobre un posible conflicto de intereses en la operación, trasladadas incluso al regulador bursátil. Posteriormente, con contactos directos desde Moncloa para negociar una salida pactada que no llegó a materializarse. Ante la resistencia de Escribano, el Ejecutivo optó por endurecer su estrategia hasta forzar su renuncia.
En paralelo, las tensiones internas en la cúpula de la compañía también se hicieron evidentes. La relación entre el presidente saliente y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, se deterioró tras una reunión de este último con representantes del Gobierno para abordar el futuro de la empresa. Desde el entorno de Escribano se interpretó ese encuentro como una falta de lealtad, lo que agravó la fractura en la dirección.
Con la salida ya decidida, el Ejecutivo gana margen para designar a un nuevo presidente en un momento clave para el sector de defensa. Entre los nombres que se manejan en el ámbito empresarial figuran perfiles con experiencia en grandes compañías y en la administración, lo que refleja la importancia estratégica de la compañía en el actual contexto geopolítico.
El desenlace pone fin a un enfrentamiento prolongado en el que el Gobierno, que inicialmente respaldó el nombramiento de Escribano en 2025, ha terminado por apartarle al perder la confianza en su gestión y en la dirección que podía tomar la empresa si prosperaba la operación con su grupo familiar.
