El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha aceptado cerca de 490.000 solicitudes de nacionalidad española presentadas por hijos y nietos del exilio al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Se trata de una cifra de gran magnitud que, por sí sola, supera incluso el número de votos obtenidos por Esquerra Republicana de Cataluña en las elecciones generales de julio de 2023, cuando la formación reunió algo más de 466.000 papeletas y logró siete escaños en el Congreso, según ha avanzado OkDiario.

Los datos fueron expuestos ayer lunes por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante el balance de su gestión correspondiente a 2025. En su intervención, el ministro puso el acento en el alcance internacional de la norma y en el fuerte crecimiento que está experimentando el proceso de concesión de la nacionalidad.

Según explicó, alrededor de 2,4 millones de personas han solicitado cita en consulados españoles repartidos por países como Argentina, Cuba, Venezuela o Chile con el objetivo de iniciar los trámites para convertirse en ciudadanos españoles. De ese volumen total, casi medio millón de expedientes ya han sido aprobados, y unos 255.000 solicitantes cuentan en estos momentos con el pasaporte español.

La evolución del proceso ha sido especialmente acelerada en el último año. Sólo entre 2024 y 2025 se han sumado más de 200.000 nuevas nacionalizaciones, lo que supone un incremento cercano al 70%. A finales de 2024, las solicitudes aceptadas se situaban en torno a las 288.000 y las inscripciones efectivas en el Registro Civil rondaban las 180.000. El crecimiento ya había sido notable el año anterior, cuando el número de concesiones aumentó en torno a un 60%.

La norma que sustenta este procedimiento, la Ley de Memoria Democrática, entró en vigor en octubre de 2022 y amplió de forma significativa los supuestos para acceder a la nacionalidad española. A diferencia de la anterior Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, el nuevo texto extiende el derecho no solo a hijos y nietos, sino también a bisnietos de españoles que se vieron obligados a abandonar el país como consecuencia de la Guerra Civil, o que perdieron la nacionalidad por otras circunstancias ligadas al exilio.

Entre los colectivos beneficiarios se incluyen también los hijos nacidos fuera de España de mujeres que perdieron la nacionalidad española al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978, así como los descendientes mayores de edad de quienes ya obtuvieron la nacionalidad en aplicación de la legislación anterior. Además, el nuevo marco legal amplía el periodo de referencia del exilio hasta el 28 de diciembre de 1978, eliminando el límite temporal de 1955 que fijaba la norma de 2007.

Por países de origen, Argentina encabeza con claridad el número de solicitudes, concentrando en torno al 42% del total tramitado a través de sus cinco consulados. A continuación se sitúan Cuba, con algo más del 12%, Brasil, México y Chile, mientras que Venezuela aporta un porcentaje menor, en torno al 2,5%, según los últimos datos oficiales difundidos por el Ministerio.