El Gobierno balear impulsará pruebas periciales dentales para determinar la edad de los inmigrantes ilegales que llegan en pateras, tras alcanzar un acuerdo con VOX que incluye esta medida en los Presupuestos del próximo año. Fuentes del Ejecutivo liderado por Marga Prohens (PP) han confirmado que se destinará una partida económica específica para estas pruebas, como parte de una enmienda presentada por la formación de Santiago Abascal. Esta concesión busca garantizar el respaldo de VOX a las cuentas del Gobierno.
La propuesta de VOX plantea realizar «pruebas periciales exhaustivas», incluyendo análisis de dentadura, para evitar posibles fraudes en la edad declarada por los inmigrantes. Según el partido, muchos que llegan a las islas alegando ser menores en realidad serían adultos que buscan acogerse a la tutela de las administraciones. Manuela Cañadas, portavoz de VOX en el Parlamento balear, argumenta que los actuales estudios óseos tienen un margen de error de cinco años, lo que podría llevar tanto a adultos a ser tratados como menores como a menores ser considerados mayores.
Cada prueba dental costará aproximadamente 700 euros, una cifra que VOX considera mucho menor al gasto mensual de 7.300 euros por menor acogido. Según Cañadas, este enfoque permitirá un ahorro significativo para las arcas públicas, a la vez que busca solucionar el colapso de los sistemas de acogida en Baleares.
El año 2023 ha visto una llegada récord de inmigrantes a las islas: unos 4.500 hasta la fecha, el doble que en todo 2022. De ellos, se estima que 600 son menas, lo que ha sobrecargado los servicios sociales. Los consejos insulares, responsables de la acogida, aseguran que los centros están desbordados, y en algunos casos, como en Mallorca, se baraja habilitar un antiguo cuartel militar como refugio temporal.
La presidenta Prohens, quien en un principio aceptó el reparto de menores no acompañados procedentes de Canarias, ha endurecido recientemente su postura, afirmando que Baleares no puede asumir más acogidas. Esta decisión ha tensado las relaciones con VOX, que ya rompió unilateralmente el pacto de investidura tras considerar insuficientes las políticas migratorias del PP.
Por su parte, el presidente del Consejo de Mallorca, Llorenç Galmés (PP), ha señalado que más de la mitad de los menores acogidos en la isla son migrantes y ha solicitado apoyo adicional al Gobierno central. Mientras tanto, se trabaja en habilitar nuevas instalaciones para afrontar la creciente llegada de pateras a las costas del archipiélago.