El Gobierno de Pedro Sánchez ha superado su propio récord y ha alcanzado cotas históricas de opacidad durante los tres primeros meses de 2025, según los últimos datos extraídos del Portal de Transparencia. Entre enero y marzo, los distintos ministerios rechazaron un total de 172 peticiones de información formuladas por ciudadanos, una cifra sin precedentes desde que se iniciaron los registros oficiales según ha adelantado The Objective.
Este incremento supone un crecimiento del 79% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se denegaron 96 solicitudes. Con este ritmo, el Ejecutivo podría cerrar el ejercicio superando con holgura las 533 resoluciones negativas que se produjeron en todo 2022, el máximo histórico hasta ahora.
La paradoja es llamativa: mientras el Gobierno impulsa desde hace meses un ambicioso «Plan de Acción por la Democracia2 —que incluye, entre otras cosas, el compromiso de reforzar la transparencia institucional—, sus propios departamentos continúan bloqueando el acceso a información pública a un ritmo cada vez más elevado.
Este plan gubernamental, presentado como una apuesta por mejorar la calidad democrática, se articula en torno a tres ejes: mejorar el acceso a datos oficiales, garantizar el pluralismo en el ecosistema mediático y asegurar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral. Aun así, la práctica del día a día parece contradecir ese discurso.
El contraste es aún mayor si se tiene en cuenta que el Gobierno exige total claridad a los medios de comunicación sobre su financiación y estructuras de propiedad, mientras lanza acusaciones de desinformación contra aquellos periódicos que investigan casos incómodos para Moncloa. En el punto de mira están las causas judiciales que afectan al entorno más cercano del presidente, como las que salpican a su esposa Begoña Gómez, su hermano David Sánchez, el exministro José Luis Ábalos o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
