El Gobierno sigue estudiando las posibles vías que permitan aplicar multas a empresarios que huyeron de Cataluña en 2017 y que no quieran volver a la región para así ceder a los deseos de sus socios de Junts.
Lo que piden los de Puigdemont es ilegal, así que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez puede optar por una interpretación estricta y aumentada de lo que establecen la Ley de Sociedades de Capital y la Ley General Tributaria, según ha podido saber Vozpópuli.
«La Ley de de Sociedades de Capital establece criterios específicos para el establecimiento del domicilio social en relación a su operación principal, a sus organismos directivos, etc. Y esto es lo que se tiene que cumplir, porque entre otras cosas tiene importancia, tiene relevancia para otros aspectos como por ejemplo el aspecto tributario, el aspecto fiscal», aseguró la semana pasada el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Por su parte, la Agencia Tributaria sí vigila los cambios de sede social y fiscal, pero al extranjero, no los interiores, como fue el caso de muchas de las empresas que se fueron de Cataluña.
Si ahora el Gobierno quiere controlar los cambios nacionales, se pueden crear problemas con grandes empresas del Ibex como Santander con sedes relevantes en distintas comunidades.
«Sin embargo, en el camino hacia un Cupo como el vasco con una Agencia Tributaria independiente que demanda Junts y que el PSOE ha acordado negociar en el pacto de investidura el que las sedes fiscales se encuentren en Cataluña sí tiene relevancia y el Gobierno de Sánchez podría estar haciendo guiños a este plan insinuando coacciones al cambio de sede fiscal», explica este diario.
