El Gobierno de coalición ha escuchado las exigencias del separatismo. Tras la salida de cientos de empresas de Cataluña por la inestabilidad política y económica causada por los sucesivos gobiernos separatistas, el Ejecutivo de la Generalidad pretende limitar esta libertad de las empresas. Y el Gobierno de Pedro Sánchez se ha sumado a la persecución.
Así, ha trascendido que el Gobierno pretende derogar el Decreto que aprobó en octubre de 2017 el ministro Luis de Guindos, que facilitaba las trabas burocráticas para mover la sede de las empresas y así salir de Cataluña. Una nueva cesión que Pedro Sánchez está dispuesto a conceder con tal de aprobar los tres decretazos en el Congreso de los Diputados.
El Decreto aprobado el 6 de octubre del citado año por el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiso facilitar a las empresas españolas el cambio de sede social que muchas de ellas deseaban, tras el referéndum ilegal y la incertidumbre económica de la región. Concretamente, pocos días después CaixaBank trasladó su sede a Valencia, mientras que muchas de sus filiales se movieron a Palma de Mallorca y el Banco Sabadell hizo lo propio con Alicante.
Aunque el ‘Decreto Guindos’ no sólo facilita la salida de Cataluña sino también su vuelta, lo cierto es que el separatismo ve en la derogación de esta norma un trofeo, que mostraría la legitimidad de sus exigencias contra las empresas que libremente movieron su sede social y que supondría el apoyo explícito del Gobierno de la Nación. Y todo parece indicar que éste último está dispuesto a complacer los deseos de Puigdemont.
Desde el comienzo de los primeros gobiernos de Quim Torra, la causa separatista insistió en la revocación de este decreto, llegando incluso a proponer su derogación formal en el Congreso de los Diputados. Fue en febrero de 2018 PDeCAT presentó una proposición no de ley. Entonces PP y Ciudadanos votaron en contra. Y también así lo hizo el PSOE, que ahora parece partidario de la propuesta.
