El Gobierno parece estar dispuesto a ceder competencias de extranjería a Cataluña, en lo que se percibe como una maniobra para asegurar el respaldo de Junts per Catalunya en las negociaciones presupuestarias. Esta disposición se ha hecho evidente durante una entrevista del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en Onda Cero, donde ha mencionado la apertura del Ejecutivo a modificar la ley de extranjería.
Este movimiento se considera crucial, especialmente si no se logra un consenso con el Partido Popular (PP) en la inminente Conferencia de Presidentes en Santander. Torres subrayó que las negociaciones con Junts se llevan realizando desde hace un año, intensificándose en las últimas semanas para abordar no sólo los presupuestos sino otros asuntos de interés mutuo. La intención pasa por dar a Cataluña una mayor autonomía en la gestión de la inmigración, permitiendo una administración más directa de los recursos y las políticas migratorias.
Torres ha reconocido la complejidad del proceso pero ha reafirmado la importancia de una distribución justa de responsabilidades entre las regiones. Sin embargo, el ministro ha preferido mantenerse al margen de los detalles específicos sobre cómo se podrían transferir competencias a Cataluña, sugiriendo que no es el interlocutor directo en estas conversaciones.
Además, fuentes de la Policía Nacional consultadas por LA GACETA han revelado que desde el Ministerio del Interior se ha discutido la posibilidad de una descentralización en materia de inmigración que no sólo afecte a los menores no acompañados (menas), sino que también incluya la gestión completa de inmigrantes adultos en situación ilegal o empadronados en Cataluña.
Ángel Víctor Torres ha defendido el modelo autonómico de España, donde «la descentralización es una realidad consolidada». Y ha destacado cómo lo que hace tres décadas parecía inalcanzable, hoy es una práctica común, como la gestión de sanidad, educación y vivienda por parte de las comunidades autónomas. Esta perspectiva refuerza la idea de que el Gobierno está dispuesto a seguir descentralizando competencias, especialmente en un contexto en el que Junts pide más control sobre la inmigración como condición para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2025.
En un movimiento paralelo, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha viajado a Vitoria para coordinar con el lehendakari, Imanol Pradales, una propuesta para un reparto «más equitativo» de los menas, junto con una promesa de mayor financiación al País Vasco para su gestión. Este acuerdo busca aliviar la presión sobre Canarias donde sólo en lo que va de año han llegado ya más de 42.000 inmigrantes ilegales.
En resumen, el Gobierno parece estar haciendo concesiones significativas para asegurar el apoyo de Junts, lo que incluye una mayor descentralización de competencias migratorias hacia Cataluña y una promesa indirecta de financiación adicional al País Vasco para manejar la crisis de los menas.
