El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado en un sólo día una partida de 167 millones de euros a diversos fondos internacionales, dentro de una jornada del Consejo de Ministros marcada por una avalancha de decisiones millonarias. Entre las aportaciones aprobadas destacan las destinadas al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Asiático de Desarrollo (7,5 millones cada uno), al Fondo de Inversión en el Clima del Banco Mundial (35 millones), al Fondo para América Latina y el Caribe (20 millones) y al Fondo Global de Descarbonización del Transporte (5 millones). A todo ello se suman 66,6 millones por condonaciones de deuda en el Banco Mundial, otros 4,6 para el Fondo Africano de Desarrollo y una serie de contribuciones menores, como los 650.000 euros destinados al Fondo Multidonante por la Igualdad de Género o los 19,5 millones para el nuevo Fondo «Planeta Habitable», según ha avanzado The Objective.

Estas transferencias internacionales coincidieron con otras medidas de fuerte impacto económico dentro del territorio nacional. El Ejecutivo aprobó préstamos por valor de 5.432 millones de euros a la empresa tecnológica Indra —participada por la SEPI— para financiar «programas especiales de modernización», junto con casi 1.300 millones adicionales para otras compañías vinculadas al mismo plan. También se autorizó un gasto de más de 7,6 millones para la atención de la inmigración ilegal, repartidos entre las islas Baleares (3,3 millones) y Canarias (4,3 millones), así como cinco millones más para instalar sensores en el vallado fronterizo de Ceuta.

Pero la decisión que más controversia ha generado ha sido el inicio de la tramitación de una reforma constitucional. El Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto que modificará el artículo 43 de la Carta Magna con el fin de reconocer el aborto como un derecho fundamental. Con esta medida, el Gobierno reabre un debate social y político que divide a la sociedad española, mientras la oposición denuncia que se trata de una maniobra para distraer la atención de los escándalos de corrupción que rodean al Ejecutivo.

El capítulo cultural tampoco quedó fuera de la jornada de reparto: el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales recibió autorización para transferir cerca de 550.000 euros a programas internacionales del ámbito audiovisual afines a las políticas del Gobierno.

Los martes, tradicionalmente anodinos en el calendario laboral, se han convertido desde hace tiempo en el día clave del poder político. Cada semana, el Consejo de Ministros se reúne en La Moncloa para decidir el destino de miles de millones de euros de dinero público mediante reales decretos, acuerdos y disposiciones extraordinarias. Lo que para la mayoría de los ciudadanos es un día rutinario, para el Ejecutivo se ha transformado en su particular jornada de «pan y circo»: un desfile de anuncios, gastos y decisiones que comprometen el futuro económico del país.

A la vista de las cifras aprobadas este martes, crecen las voces que reclaman un control más estricto sobre la gestión del Gobierno. Sin presupuestos actualizados y con una actividad normativa casi ilimitada, el Ejecutivo sigue actuando con amplio margen de discrecionalidad. Muchos advierten de que, si no se refuerzan los mecanismos de fiscalización, el reparto semanal de fondos podría convertirse en una práctica habitual al margen del debate parlamentario.