El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido oficialmente que prevé regularizar cerca de un millón de inmigrantes antes de las próximas elecciones generales, previstas para 2027. El nuevo Reglamento de Extranjería, en vigor desde mayo, permitirá tramitar unas 300.000 autorizaciones de residencia al año, según la respuesta remitida por el Ejecutivo a una consulta parlamentaria.
El texto, que es una respuesta parlamentaria recogida por OKDIARIO, detalla que el objetivo del nuevo reglamento es «favorecer la integración» y «dotar de derechos» a los extranjeros que ya residen en España sin documentación, una cifra que supera actualmente las 900.000 personas. La norma, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, prevé conceder permisos de residencia por arraigo social, familiar, laboral o formativo, y reduce los plazos exigidos para acreditar la permanencia en España de tres a dos años.
El Ejecutivo calcula que este proceso afectará a unas 300.000 personas anuales durante el trienio 2025-2027, lo que se traducirá en casi un millón de regularizaciones antes de los comicios generales. Una vez completado el trámite, los inmigrantes podrán optar a la nacionalidad española tras un periodo de residencia que varía según su origen: diez años en general, cinco en el caso de refugiados y dos para ciudadanos iberoamericanos, portugueses, andorranos o filipinos.
La reforma, que ha suscitado debate en el ámbito académico y migratorio, se presenta como una vía para adaptar la legislación a la realidad social y agilizar la integración de quienes ya viven y trabajan en el país, aunque críticos advierten del efecto llamada que podría generar una medida de tal magnitud.
Además de este proceso ordinario, el Gobierno ha incrementado el uso de la nacionalización por carta de naturaleza, un procedimiento excepcional mediante el cual se concede la ciudadanía por Real Decreto a personas que alegan circunstancias especiales. Desde 2020, este tipo de concesiones se ha multiplicado más de un 300 %, consolidándose como la vía más rápida para adquirir la nacionalidad española.
De confirmarse las previsiones oficiales, España afrontaría en dos años la mayor regularización de inmigrantes de su historia reciente, con un impacto directo en el mercado laboral, el sistema de bienestar y el equilibrio demográfico del país.
