El Gobierno ha concedido la nacionalidad española a ciudadanos mexicanos cuyos padres nacieron en México antes de 1920 y cuyos expedientes no incluirían pruebas documentales del origen español de sus antepasados ni de su supuesto exilio político. Así lo sostiene una investigación publicada por The Objective, que ha examinado varios expedientes tramitados en el Consulado General de España en México al amparo de la conocida como ley de nietos.
Uno de los casos analizados es el de Juan G., un ciudadano mexicano de 82 años nacido en Ciudad de México el 7 de octubre de 1944, que obtuvo la nacionalidad española el 9 de junio de 2023. Según la documentación consultada por el periódico, en su expediente no constarían partidas de nacimiento, certificados de bautismo ni otros documentos que acreditasen que alguno de sus padres o abuelos fuera español y hubiera tenido que abandonar España por motivos políticos.
Los padres del solicitante, Juan Manuel y Consuelo, nacieron en México en 1913 y 1918, respectivamente, décadas antes del comienzo de la Guerra Civil española y del establecimiento de la dictadura franquista. Para respaldar su petición, Juan G. habría aportado un certificado de matrimonio de sus progenitores celebrado en México y una declaración en la que afirmaba que su abuelo paterno era español. El expediente no contendría una comprobación registral en España que acreditase ese origen.
La concesión se produjo al amparo del anexo I de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que permite optar a la nacionalidad a determinados descendientes de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o relacionadas con la orientación o identidad sexual. La investigación cuestiona que se cumplieran esas condiciones en este caso, ya que el supuesto abuelo español habría emigrado a México a finales del siglo XIX, varias décadas antes de los acontecimientos que fundamentan esta vía de nacionalización.
El expediente se enmarca en la polémica por una instrucción impulsada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su etapa al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. La directriz flexibilizó los requisitos para acreditar las circunstancias del exilio y permitió tramitar solicitudes sin documentación suficiente sobre los motivos que llevaron a los antepasados a abandonar España.
La instrucción tuvo un impacto especialmente elevado en México y más del 90% de las solicitudes aprobadas y culminadas en nacionalización efectiva en esa demarcación se habrían tramitado conforme a esos criterios.
El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la instrucción al apreciar indicios de que una disposición administrativa podría haber modificado aspectos sustanciales de una ley. El alto tribunal ha advertido, además, de las consecuencias irreversibles que puede acarrear conceder la nacionalidad y los derechos asociados, incluido el sufragio, a personas que no reúnan los requisitos legales.