El PSOE ha presentado una enmienda a un reglamento sobre las ayudas a empresas de la Unión Europea con el objetivo de extender determinadas ventajas a productos, servicios e inversiones procedentes de países extracomunitarios que mantengan acuerdos comerciales con Bruselas, entre ellos Marruecos. La propuesta, impulsada por doce eurodiputados socialistas españoles, plantea flexibilizar la aplicación de las disposiciones de la futura Ley de Aceleración Industrial, una iniciativa destinada a reforzar la competitividad de la industria europea y que todavía debe superar su tramitación parlamentaria.
La modificación permitiría que países como Marruecos, que mantiene un Acuerdo de Asociación con la UE, pudieran beneficiarse de un tratamiento más favorable en determinados ámbitos industriales. La iniciativa ha despertado las críticas de la oposición, cuyos representantes consideran que esta apertura podría terminar equiparando algunos componentes fabricados fuera del territorio comunitario con los producidos en Europa a efectos de determinadas ayudas públicas.
La propuesta está firmada por Nicolás González Casares, Javier Moreno Sánchez, Leire Pajín, Idoia Mendia, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, Sandra Gómez López, Lina Gálvez, Juan Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel, Hana Jalloul Muro y Laura Ballarín Cereza. Los doce representantes del PSOE solicitan incorporar un nuevo artículo que obligaría a las autoridades competentes y a la Comisión Europea a procurar un trato especialmente favorable para los socios comerciales de la Unión.
En concreto, la enmienda propone conceder el «trato más favorable» y aplicar con la «mayor flexibilidad» las disposiciones correspondientes a productos, servicios e inversiones procedentes de terceros países que ya tengan acuerdos con Bruselas. Los socialistas justifican esta modificación por la necesidad de preservar las relaciones económicas y garantizar el funcionamiento de las cadenas internacionales de suministro consideradas estratégicas para la industria europea.
Sin embargo, desde la oposición advierten de que la medida podría beneficiar a fabricantes marroquíes en condiciones similares a las de determinadas empresas comunitarias, sin exigir previamente las mismas garantías de reciprocidad. Los populares sostienen que el tratamiento preferente debería reservarse a los Estados miembros, Reino Unido y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Para los representantes de la oposición, cualquier ampliación de estas ventajas a países como Marruecos debería estar condicionada a una evaluación previa sobre el cumplimiento de las reglas de origen y la existencia de condiciones comerciales recíprocas. Por ello, han acusado al PSOE de actuar como «principal defensor en Bruselas de los intereses de Marruecos», una interpretación política que los socialistas no comparten y que atribuyen a su apuesta por mantener la integración económica con los socios estratégicos de la Unión.
La controversia llega en un momento especialmente delicado para las relaciones entre España y el reino alauí. Durante los pasados 30 y 31 de julio, Ceuta sufrió una entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos, que desencadenó una grave crisis fronteriza y provocó numerosas críticas a la actuación de las autoridades del país vecino. A estos acontecimientos se sumaron las informaciones sobre la presencia de embarcaciones militares marroquíes en aguas españolas.
Pese a las tensiones fronterizas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido su política de cooperación con Rabat. El presidente llegó a defender públicamente la actuación de las autoridades marroquíes durante la crisis migratoria, asegurando que intentaron gestionar la situación de forma inteligente y evitar daños a las personas que trataban de acceder a territorio español. También destacó que, transcurridas las primeras horas, Marruecos había incrementado la movilización de sus efectivos.
La enmienda socialista continúa pendiente de negociación y votación en las instituciones comunitarias, por lo que su presentación no supone todavía la aprobación de nuevas ayudas ni garantiza que Marruecos pueda acceder automáticamente a ellas. Su alcance definitivo dependerá del texto que finalmente adopte la Unión Europea y de las condiciones aplicables a los distintos productos industriales.
En cualquier caso, la iniciativa abre un nuevo debate sobre hasta dónde deben extenderse los mecanismos de apoyo a la industria europea cuando intervienen empresas y proveedores de terceros países, especialmente en sectores donde los fabricantes comunitarios denuncian diferencias de costes laborales, exigencias regulatorias y condiciones de competencia.
