Una organización que participa en proyectos financiados por la Unión Europea ha presentado en el Parlamento Europeo un extenso informe que utiliza el concepto de «contaminación» para medir la expansión por Europa de asociaciones provida, organizaciones defensoras de la familia y otros movimientos críticos con la ideología de género.
El documento, titulado The Hate Review, ha sido elaborado por Forbidden Colours, una organización con sede en Bruselas dedicada al activismo LGTBI. Fue presentado el pasado 12 de octubre en la Eurocámara y analiza durante más de 450 páginas la evolución durante los últimos 25 años del denominado movimiento «anti-gender».
Su conclusión principal aparece formulada sin rodeos en la propia página del proyecto: «Toda Europa está ahora contaminada por el movimiento anti-gender». Según sus autores, los 47 países estudiados presentan ya algún grado de esa «contaminación».
Más de 700 organizaciones y partidos bajo la lupa
La base de datos utilizada por Forbidden Colours contiene más de 3.200 elementos documentados. De ellos, más de 2.500 corresponden a acciones políticas, campañas, iniciativas legislativas, procedimientos judiciales o movilizaciones, mientras otros más de 700 son organizaciones, partidos y redes identificados como actores del movimiento.
Entre los asuntos utilizados para clasificar esta actividad figuran las controversias relacionadas con las políticas de género, el aborto, la familia, la educación y las reivindicaciones LGTBI.
El informe emplea dos indicadores principales. El primero, denominado precisamente «contaminación», pretende medir hasta qué punto estas organizaciones, campañas y discursos se han extendido dentro de una sociedad. El segundo, denominado «impacto», calcula su capacidad para modificar leyes, políticas públicas e instituciones.
Organizaciones conservadoras como Ordo Iuris, ADF International y CitizenGO aparecen entre los actores transnacionales destacados en el documento. Ordo Iuris ha denunciado que el informe convierte posiciones políticas legítimas sobre la vida, el matrimonio o los derechos de los padres en una supuesta amenaza para la democracia.
Forbidden Colours participa en proyectos financiados por Bruselas
La controversia adquiere una dimensión adicional por la relación de Forbidden Colours con la financiación comunitaria. El portal oficial de ayudas de la Comisión Europea identifica a la organización como participante en dos proyectos del programa Citizens, Equality, Rights and Values (CERV): PRIDE: Promoting Rights, Inclusion, Diversity, Equality y REBELS: Remembrance of Equality Battles: Europe’s LGBTIQ+ Struggles.
Esto acredita que Forbidden Colours participa en proyectos con financiación europea, aunque no permite afirmar que The Hate Review haya sido sufragado específicamente con esos fondos comunitarios.
El informe fue además presentado físicamente en el Parlamento Europeo, donde provocó críticas de representantes conservadores. El eurodiputado italiano Carlo Fidanza, de Hermanos de Italia, lo calificó como un intento de «fichar y deslegitimar» a quienes mantienen posiciones contrarias a determinadas políticas de género.
La ONG se ve obligada a explicar qué significa «contaminación»
Las críticas por el vocabulario utilizado llevaron a Forbidden Colours a publicar el 13 de octubre una aclaración específica. La organización sostiene que «contaminación» es únicamente una «metáfora analítica» destinada a medir la difusión política del movimiento y que no pretende comparar a las personas u organizaciones conservadoras con enfermedades o virus.
La aclaración no modifica, sin embargo, la terminología central del estudio. Forbidden Colours continúa utilizando oficialmente una escala de «contaminación» de cero a cuatro para clasificar el grado de implantación de los movimientos críticos con la agenda de género en cada país europeo.
