Una auditoría del sistema de ayudas sociales en Baleares ha revelado que durante el mandato de Francina Armengol se concedieron pagos por hasta 2,4 millones de euros de manera irregular, sin control administrativo ni verificación de beneficiarios.
Según señala El Debate, el informe, elaborado tras una revisión exhaustiva de los expedientes de la Renta Social Garantizada (Resoga), concluye que miles de perceptores recibieron fondos sin cumplir los requisitos legales, mientras otros expedientes permanecían duplicados, inactivos o directamente abandonados sin seguimiento.
Según los datos oficiales, se han identificado más de 1,6 millones de euros abonados indebidamente, cifra que podría ascender hasta 2,4 millones, fruto de una gestión «caótica y desbordada» durante los años de gobierno socialista.
Durante el periodo investigado, el Ejecutivo anterior suspendió de manera masiva más de 6.000 expedientes, pertenecientes a las convocatorias Resoga16 y Resoga20, sin notificación previa a los beneficiarios. Esta práctica —descrita en la auditoría como irregular y contraria a la transparencia administrativa— dejó a centenares de familias vulnerables sin ingreso ni información, mientras otros solicitantes continuaban recibiendo ayudas de manera indebida.
La falta de control interno y la ausencia de mecanismos de supervisión permitieron que se siguieran pagando prestaciones sin verificar los requisitos básicos, como el nivel de ingresos, la situación laboral o la residencia efectiva en las Islas Baleares. En algunos casos, los beneficiarios acumulaban varias ayudas municipales, autonómicas y estatales sin que las administraciones cruzaran datos.
Los técnicos que participaron en la auditoría señalan que esta situación fue consecuencia de una «dejadez administrativa prolongada» combinada con una normativa ambigua y un sistema informático incapaz de detectar duplicidades. También apuntan que la falta de seguimiento en la concesión de ayudas sociales se mantuvo durante años, pese a las advertencias internas.
El documento subraya que la ausencia de revisiones periódicas «generó un perjuicio económico directo al erario público y debilitó la confianza en el sistema de protección social«.
La auditoría pone así de relieve uno de los mayores desajustes en la gestión social de la legislatura de Armengol, que durante años presentó la Resoga como un emblema de su política de «justicia social». Mientras tanto, el PSOE balear ha evitado pronunciarse sobre las conclusiones del informe, alegando que esperará a conocer los detalles completos de la investigación.
