Nuevo regalo del Gobierno de Pedro Sánchez a asuntos ideológicos en terceros países. En esta ocasión, tal y como ha adelantado The Objective, el dinero de los contribuyentes españoles ha vuelto a cruzar nuestras fronteras con destino a Etiopía, uno de los países más empobrecidos del planeta, donde más de diez millones de personas sobreviven entre el hambre, la falta de agua potable y la ausencia de atención médica. Sin embargo, en lugar de financiar pozos, alimentos o medicinas, el Ejecutivo ha decidido destinar fondos públicos a proyectos centrados en la «perspectiva de género», la «digitalización» y el «cambio climático».
Las subvenciones proceden de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y responden a las prioridades fijadas por el Gobierno en su política exterior. Aunque las cantidades no son especialmente elevadas, sí resultan llamativas por sus conceptos y por el lenguaje utilizado, calcado del ideario de la Agenda 2030.
Entre las partidas registradas destacan 200.000 euros para un proyecto titulado «Contribución a la sostenibilidad en la producción y procesamiento del café mediante sistemas innovadores basados en la naturaleza con perspectiva de género», otra subvención del mismo importe destinada al programa «Apoyo a la transición digital del proyecto de universidades transformadoras de género», y dos ayudas adicionales que, en conjunto, alcanzan 500.000 euros bajo el epígrafe «Mujeres, café y clima DeSIRA EFD».
Estas iniciativas, enmarcadas en lo que el Ejecutivo califica como cooperación internacional, contrastan con la dramática situación del país africano, donde los conflictos internos, la sequía y la pobreza extrema amenazan la supervivencia de millones de personas. Para muchos observadores, financiar «digitalización con enfoque de género» en un territorio sin agua ni alimentos suficientes resulta, cuando menos, una muestra de desatino y desconexión con la realidad.
En Estados Unidos, un precedente similar llevó a una profunda revisión del sistema de ayudas internacionales. Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el magnate ordenó auditar los fondos públicos destinados por Washington a la cooperación exterior. La tarea recayó en Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), cuya investigación destapó gastos injustificables y programas de dudosa utilidad gestionados por la agencia de desarrollo Usaid.
Las conclusiones de aquella auditoría provocaron una reestructuración sin precedentes: se cancelaron partidas, se abrieron procedimientos judiciales y la Usaid redujo sus costes en un 80%. Lejos de producir un colapso internacional, el mundo siguió funcionando con normalidad, y las críticas iniciales contra Trump se diluyeron ante la magnitud de las irregularidades descubiertas.
