El Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso (PP) cuenta con programas de formación específicos para que inmigrantes ilegales puedan trabajar en el sector sociosanitario. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha firmó el pasado mes de julio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid un convenio de colaboración en esta materia.
Gracias a este acuerdo, que se rubricó en el Centro de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) de Chamartín, los inmigrantes ilegales pueden obtener «dos certificados de profesionalidad«: el de atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia de residencias o en centros de día de mayores, y el de ayuda a domicilio.
«Con esta medida se pretende regularizar su situación administrativa y que consigan un empleo. La Cámara de Comercio confeccionará y difundirá esta oferta, y se coordinará con los ocho Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPIS) de la región, cuatro de ellos en Madrid (Usera-Villaverde, Centro, Tetuán y Chamartín) y los restantes en Collado Villalba, Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, Leganés y Alcalá de Henares», señaló el Gobierno regional en un comunicado.
«Este mismo organismo programará un calendario de actividades en función de los puestos más demandados, entre ellos los de gerocultores de residencias y auxiliares de ayuda a domicilio. Las clases para obtener los certificados serán impartidas por centros docentes acreditados públicos o privados con los que mantiene acuerdos para que la formación sea gratuita», añadió. Desde VOX señalan que estos programas «alientan el efecto llamada migratorio».
