El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya utilizó como oficinas al menos otros cinco pisos cuyo uso urbanístico era residencial y para los que resultaba imposible obtener la licencia correspondiente. Se trata de cuatro inmuebles situados en Gran Vía 6 y otro edificio en Santa Catalina 6, propiedades gestionadas por la empresa pública Planifica Madrid.
Los presupuestos de la compañía para 2026 reconocen que ambos edificios habían albergado dependencias administrativas pese a no estar autorizados para ello. «Aunque históricamente ambos inmuebles se han venido utilizando como oficinas, su uso urbanístico es residencial, con imposibilidad de obtener la preceptiva licencia para uso de oficinas», admite el documento.
Este antecedente agrava la polémica abierta por la compra de un ático residencial de 485 metros cuadrados en Chamberí. La Comunidad lo adquirió hace tres meses y barajó utilizarlo como despacho temporal de Ayuso o de alguno de sus consejeros, pese a que la normativa municipal también prohíbe instalar oficinas en esa planta.
Cuatro pisos de Gran Vía usados por la Administración
Los cuatro pisos de Gran Vía 6 acogieron durante años distintos servicios autonómicos. Entre ellos se encontraban la Comisión Jurídica Asesora, adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, y el área de Fundaciones y Asociaciones, que atendía trámites relacionados con entidades sin ánimo de lucro.
Planifica Madrid desalojó los inmuebles en otoño de 2025 y justificó la decisión por un proceso de «reestructuración y optimización de espacios ocupados por la Administración». Sin embargo, sus propias cuentas reconocen que el problema residía en la imposibilidad de obtener una licencia de oficinas.
La empresa pública intentó vender los cuatro pisos en 2025 por un precio inicial conjunto de 11,74 millones de euros. La licitación se anunció en agosto y el plazo para presentar ofertas terminó en octubre, pero el concurso quedó desierto.
El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, anunció este jueves un segundo intento de venta. La operación se presentó ahora como una iniciativa para recaudar fondos destinados a reparar los daños causados por los incendios en la Sierra Oeste, aunque la salida al mercado de los pisos estaba prevista desde el año pasado.
La Comunidad calcula que la venta de estos cuatro inmuebles y del ático de Chamberí podría aportar unos 20 millones de euros. García Martín no precisó cuánto espera obtener por cada propiedad.
Direcciones oficiales que siguen desactualizadas
El abandono de las oficinas tampoco fue acompañado de una actualización correcta de la información dirigida a los ciudadanos. Gran Vía 6 todavía figura en distintas páginas oficiales como sede de servicios autonómicos, pese a que la Administración dejó el edificio en 2025.
La portera del inmueble asegura que continúan llegando personas para realizar gestiones relacionadas con Fundaciones y Asociaciones. Según su testimonio, nunca se comunicó de forma adecuada el traslado de esas dependencias.
La misma falta de actualización afecta a los números 31 y 43 de Gran Vía, que todavía aparecen en internet vinculados a oficinas de la Comunidad. Ambos edificios están ocupados por hoteles: el Hyatt Centric Gran Vía Madrid y el Room Mate Macarena.
Un edificio residencial vendido para construir pisos de lujo
El inmueble de Santa Catalina 6 siguió un recorrido similar. La Comunidad de Madrid lo compró a Metrovacesa en 2022 y lo utilizó como sede del Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, aunque su uso urbanístico también era residencial.
Planifica Madrid lo sacó a subasta por 21,15 millones de euros. La inmobiliaria mexicana Be Grand terminó adquiriéndolo por 26,01 millones sin impuestos, 31,47 millones con IVA, para construir viviendas de lujo. El edificio tiene 4.381 metros cuadrados y se encuentra cerca del Congreso de los Diputados, detrás del Hotel Palace.
La empresa pública admitió en sus presupuestos que la condición residencial aumentaba el atractivo comercial de los inmuebles. «La demanda de este uso residencial es mucho mayor, dada la tipología de los inmuebles y la zona en la que se encuentran», señaló.
El caso revela que la incompatibilidad urbanística descubierta en el ático de Chamberí no constituye un episodio aislado. La Comunidad ya había ocupado cinco pisos con oficinas que no podían obtener licencia y había iniciado su venta antes de aprobar la nueva adquisición. El Ejecutivo madrileño no ha explicado cuándo detectó esas irregularidades ni por qué Planifica Madrid volvió a comprar otro inmueble sometido a restricciones semejantes.
