El Cabildo de Lanzarote ha adjudicado a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI la gestión de los cuatro centros de menas dependientes de la corporación insular por un importe de 5,62 millones de euros durante dos años, con posibilidad de ampliación por otros dos. La decisión llega tras un procedimiento de urgencia iniciado en verano y pone fin al contrato con la Fundación SAMU, que había solicitado su desvinculación alegando desequilibrios económicos.
La ONG será responsable de las 50 plazas repartidas entre Arrecife y Tinajo, gestionadas por un equipo de 70 profesionales. Este contrato, aunque adjudicado por debajo del presupuesto inicial de casi seis millones de euros, suscita controversia debido a que la entidad está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en su gestión de fondos públicos.
Investigados por corrupción
El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria mantiene diligencias abiertas contra la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y cuatro de sus directores. Según una querella presentada en mayo por el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, se investigan posibles delitos de falsedad documental, administración desleal y malversación de caudales públicos. La Fiscalía sospecha que la entidad, que no está al corriente en el Registro único de Fundaciones estatal, desvió 12,5 millones de euros destinados al cuidado de menores no acompañados (menas) durante los años 2020, 2021 y 2022.
La investigación, que se llevó a cabo con máximo sigilo durante 16 meses, revisó la estructura financiera de la Fundación, los centros gestionados en Gran Canaria, como Portobello, Guiniguada y Acorán, y recursos en Lanzarote, como los de Yaiza y La Santa. Entre las irregularidades denunciadas destacan el supuesto uso de fondos públicos para gastos personales y comidas entre directivos.
Además, la Fiscalía señala una grave falta de seguimiento y control por parte de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, entonces dirigida por Noemí Santana (Unidas Podemos), en la adjudicación de contratos gestionados de forma urgente durante el periodo investigado. Estas irregularidades, según la querella, habrían facilitado la mala gestión de los recursos públicos asignados para la atención de menores en situación de vulnerabilidad.
La adjudicación de este nuevo contrato a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI ha despertado críticas debido a los antecedentes de la entidad. Aunque el Cabildo defiende la necesidad de asegurar la continuidad en la atención a los menores, expertos y organizaciones han cuestionado la idoneidad de confiar en una fundación que ya está siendo investigada por presunta corrupción.
