Sigue la polémica por la apertura de un centro para menores extranjeros no acompañados (menas) frente a un colegio de Cartes (Cantabria), después de que el Gobierno autonómico (PP) haya advertido de posibles acciones judiciales contra el Ayuntamiento si mantiene su decisión de paralizar la actividad del recurso de acogida.

El Ejecutivo regional, presidido por el PP, sostiene que la resolución municipal que ordena el cierre inmediato del dispositivo de emergencia invade competencias autonómicas y «podría vulnerar la normativa vigente en materia de protección de menores». Fuentes del Gobierno cántabro aseguran que ya estudian solicitar medidas cautelarísimas para evitar el precinto del edificio y garantizar la continuidad del servicio, al que ya han llegado los primeros jóvenes.

Desde el área de Inclusión Social del Gobierno regional se acusa al consistorio de «deslealtad institucional», especialmente después de que, según la versión autonómica, en reuniones recientes con representantes municipales y con la Delegación del Gobierno se hubiera apostado por rebajar la tensión y trabajar de forma coordinada. La consejería considera que interrumpir el funcionamiento del centro generaría una situación de desprotección para los menores trasladados a la instalación.

El Ayuntamiento de Cartes, gobernado por el PSOE, ha defendido su actuación alegando motivos administrativos y urbanísticos. En el escrito remitido al Ejecutivo regional se advierte de posibles medidas como el precinto del inmueble, la suspensión de suministros básicos o la imposición de sanciones si la actividad no se detiene. La alcaldía insiste en que el emplazamiento del centro, ubicado junto a un colegio, ha generado preocupación entre parte del vecindario y reclama mayor información sobre el proyecto.

La controversia política ha ido creciendo en los últimos días, alimentada por declaraciones cruzadas entre ambas administraciones y por el debate social generado en el municipio. Mientras el Gobierno autonómico insiste en que el dispositivo responde a la necesidad urgente de ampliar plazas de acogida, el consistorio exige revisar el proceso seguido para su puesta en marcha y reclama que se busquen alternativas de ubicación.

A la espera de posibles decisiones judiciales, el conflicto institucional mantiene en el aire el futuro inmediato del centro y ha trasladado la discusión sobre la gestión de los menores migrantes al primer plano del debate político en Cantabria.