El Gobierno de Baleares, en manos de la presidenta popular Marga Prohens, ya gasta un total de 6.136.200 euros al mes en la gestión de 700 menores extranjeros no acompañados (menas), según cálculos basados en el coste medio del sistema de acogida en Mallorca, Ibiza y Formentera, una situación que ha intensificado el debate político sobre el impacto económico y social de la presión migratoria en el archipiélago.
El aumento de llegadas en patera en los primeros días de 2026 ha vuelto a poner el foco sobre la capacidad de las islas para atender a estos menores. Sólo en las primeras jornadas del año se registraron alrededor de 150 inmigrantes llegados por vía marítima, una cifra superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior y que ha obligado a reforzar los recursos asistenciales.
Desde el Govern balear admiten que el sistema atraviesa un momento crítico. El director general de Inmigración y Cooperación, Manuel Pavón, alertó de que las instalaciones y el personal especializado están sometidos a una presión constante y recordó que cada nueva llegada suele incluir menores que pasan automáticamente a estar bajo tutela pública.
Actualmente, las instituciones insulares atienden a unos 750 jóvenes no acompañados, una cifra que el Ejecutivo autonómico considera difícil de asumir en solitario. Por este motivo, el gabinete de Prohens ha pedido al Gobierno central que excluya a Baleares del reparto de menores procedentes de Canarias mientras no se refuerce la red de acogida existente.
El coste del sistema varía según la isla: en Mallorca ronda los 7.400 euros mensuales por menor, mientras que en Ibiza y Formentera supera los 9.000 euros debido al mayor precio de los servicios y del alojamiento. La media estimada se sitúa en torno a los 8.766 euros mensuales por joven, lo que explica el elevado gasto total que afronta la comunidad autónoma.
El Ejecutivo balear sostiene que el archipiélago ha pasado de ser una ruta secundaria a convertirse en uno de los principales puntos de acceso de la inmigración ilegal hacia Europa, especialmente desde Argelia. Pavón reclamó una respuesta coordinada del Estado y de la Unión Europea, subrayando que el control de fronteras es una competencia estatal pero que las consecuencias recaen directamente sobre los servicios sociales autonómicos.
El endurecimiento del debate político también ha llevado a diferentes partidos a plantear propuestas divergentes sobre cómo afrontar la situación migratoria. Mientras algunas formaciones reclaman más recursos y coordinación institucional, otras defienden medidas más restrictivas para frenar las llegadas y reducir la presión sobre los sistemas de acogida, en un contexto que el Govern califica de estructural y de difícil sostenimiento a largo plazo.
