El Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, firmó digitalmente un informe justificativo el mismo día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraban la sede de la constructora Servinabar por su presunta implicación en el caso Koldo, relacionado con contratos públicos y supuestas comisiones ilegales. El documento, emitido por la empresa pública Navarra de Suelo y Vivienda, adjudicaba de forma directa a la UTE formada por Servinabar y Acciona una mejora valorada en más de 72.000 euros en una promoción de 46 viviendas de protección oficial adjudicada en 2023.
Esta obra es una de las seis que Servinabar ejecutó en Navarra junto a Acciona y que estarían bajo la lupa del Tribunal Supremo. Fue precisamente el Alto Tribunal quien ordenó los registros en varias constructoras y en el domicilio del exministro José Luis Ábalos. Servinabar, propiedad del empresario Joseba Antxon Alonso Egurola, aparece en la investigación por su posible vínculo con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
El registro en la sede de Servinabar, dirigido por el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, comenzó poco después de la emisión del documento oficial y se prolongó hasta última hora del día. El informe de dos folios adjudicaba directamente a la UTE la instalación de cortinas exteriores en todas las estancias del edificio, incluidas las tareas de retirada de las existentes, por razones técnicas que exigían que la actuación fuera realizada por el mismo adjudicatario principal de la obra.
