Una familia marroquí compuesta por cinco miembros percibe alrededor de 1.500 euros mensuales en concepto de Renta Garantizada, la prestación social que concede el Gobierno de Navarra para garantizar unos ingresos mínimos a los hogares sin recursos. Según las tablas oficiales actualizadas en 2025, esta cuantía corresponde a la máxima asignada a una unidad familiar de cinco integrantes sin ingresos, dentro del programa autonómico regulado por la Ley Foral 15/2016 y el Decreto Foral 26/2018.
El caso ha reabierto el debate político después de que VOX denunciara que estas ayudas se conceden con demasiada facilidad a extranjeros, sin priorizar a los españoles. La formación advierte de que “el dinero de los navarros acaba en manos de quienes no han aportado nada”, y reclama prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales.
El partido ha difundido el caso en redes sociales con un mensaje: “Familia marroquí. 5 miembros. 300€ por cabeza. 1.500€ al mes. De tu bolsillo al suyo, pasando por el Gobierno de Navarra”. VOX asegura que situaciones similares se repiten en toda la Ribera, con la colaboración de alcaldes del PSOE y de UPN, y acusa al Gobierno de María Chivite de “premiar a quien viene de fuera mientras los españoles esperan turno”.
🔴 Familia marroquí. 5 miembros. 300€ por cabeza. 1500€ al mes.
— VOX Navarra (@VoxNavarra) October 14, 2025
De tu bolsillo al suyo pasando por el Gobierno de Navarra. Y así en todos los pueblos de la Ribera, con la colaboración de los alcaldes de UPN y PSOE por igual. Y así hasta 115 millones al año.
¿Requisitos?… pic.twitter.com/1aY9slzeHT
El portavoz parlamentario, Emilio Jiménez, denuncia que la Renta Garantizada se ha convertido en “una maquinaria asistencial descontrolada”, con más de 100 millones de euros anuales en gasto público y 35.000 beneficiarios, de los cuales “hasta un 63% son inmigrantes”. Según sus palabras, “Navarra destina más dinero a mantener rentas asistenciales que a su propia Policía Foral”.
Graves deficiencias en el control de los beneficiarios
La Renta Garantizada es una ayuda autonómica creada por la Ley Foral 15/2016 y regulada por el Decreto Foral 26/2018, cuyo objetivo es asegurar unos ingresos mínimos a las familias sin recursos. En 2025, la cuantía máxima para una familia de cinco miembros alcanza los 1.501,53 euros mensuales, según la Orden Foral 10/2025 que actualizó los importes en un 3,7%.
Para acceder a ella se exige empadronamiento y residencia legal continuada en Navarra durante al menos dos años (uno si hay menores o dependientes), carencia de ingresos y participación en programas de inserción laboral. En el caso de los extranjeros, deben acreditar residencia legal en España y presentar documentación familiar completa. Sin embargo, según el último informe de la Cámara de Comptos, el control de estos requisitos no siempre es riguroso: “El requisito de residencia no se controla de manera adecuada”, advierte el organismo fiscalizador.
La auditoría de la Cámara de Comptos –publicada en enero de 2025– destapó graves deficiencias en el control de los beneficiarios: en tres de cada cuatro inspecciones realizadas por la Policía Foral se detectaron incumplimientos o cobros indebidos. El informe calcula que 15 millones de euros fueron percibidos irregularmente, y que sólo se ha recuperado el 67% de esa cantidad. Además, 2,7 millones se pagaron de forma duplicada por descoordinación entre programas.
Para VOX, estas cifras confirman que la Renta Garantizada se ha convertido en un “coladero”, mientras miles de navarros en paro o con sueldos precarios quedan excluidos por mínimos administrativos. Por ello, la formación ha pedido la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la gestión del programa.
El Gobierno de Chivite niega «descontrol»
Desde el Gobierno de Navarra, la consejera socialista de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, rechaza la acusación de descontrol. Asegura que «los mecanismos de detección de irregularidades funcionan» y que entre 2019 y 2023 se recuperaron casi diez millones de euros en cobros indebidos. Maeztu defiende la ayuda como una herramienta esencial contra la pobreza, y recuerda que el 38% de los beneficiarios son menores de edad.
El Ejecutivo sostiene que no hay discriminación por nacionalidad, y que cualquier residente que cumpla los requisitos tiene derecho a la ayuda. «No vamos a pedir el carné de nacionalidad para dar de comer a una familia», respondió Maeztu tras las críticas de VOX.
Un gasto que supera los 110 millones al año
Con un presupuesto superior a 110 millones de euros en 2025, la Renta Garantizada se ha convertido en una de las mayores partidas sociales de Navarra. Casi 16.700 hogares dependen de ella para subsistir, en una comunidad que presume de tener una de las tasas de pobreza más bajas de España.
VOX insiste en que la ayuda “debe proteger primero a los españoles”, mientras el Gobierno foral defiende su carácter universal.
Por ahora, casos como el de Tudela seguirán avivando la controversia: una familia extranjera que cobra 1.500 euros mensuales en una comunidad donde muchos españoles no llegan a fin de mes.
