El Gobierno de España está pagando 4.431 euros por cada inmigrante que decide volver a su país de origen adhiriéndose al programa de retorno voluntario. En 2022, un total de 1.039 personas optaron por acogerse a esta iniciativa, lo que supuso un desembolso de 4,6 millones de euros para las arcas públicas. Sin embargo, la cantidad real de ciudadanos extranjeros que deciden abandonar España podría ser mayor, ya que no todos los que emprenden el regreso solicitan estas ayudas. Entre 2011 y 2017, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el país experimentó una pérdida de 1,2 millones de residentes de nacionalidad extranjera, aunque desde entonces la población inmigrante ha vuelto a crecer hasta niveles previos a la crisis económica.
Desde 2009, un total de 27.020 inmigrantes han recibido apoyo financiero para regresar a su nación de origen mediante este programa gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según avanza The Objective. El año con más solicitudes fue 2009, con 4.022 beneficiarios, en contraste con los 2.333 que accedieron en 2023. Quienes se acogen a esta medida deben comprometerse a no retornar a España para trabajar, aunque pueden hacerlo como turistas.
El programa cuenta con dos vertientes diferenciadas. Una de ellas está financiada en parte por la Unión Europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y distribuye los recursos entre organizaciones sin ánimo de lucro. La otra línea es gestionada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que facilita un retorno «seguro, ordenado y digno» a aquellos que no han logrado establecerse en España. Dentro de esta modalidad, se cubre el coste de los billetes de avión y se otorgan 450 euros para gastos iniciales. Además, en algunos países como Colombia, Honduras y Senegal, se proporciona apoyo técnico y económico para que los retornados puedan emprender negocios.
Colombia es el destino con más repatriaciones desde que se inició esta estrategia, acumulando 3.869 retornos desde 2009. En 2023, el número de colombianos que se acogieron al programa se disparó hasta 1.131, la cifra más alta registrada hasta la fecha. A pesar de que en España residen tres veces más ciudadanos marroquíes que colombianos, los marroquíes que han decidido regresar con estas ayudas son apenas 55 en 15 años, y sólo tres en el último ejercicio. Bolivia ocupa el segundo lugar en volumen de retornos (3.778), seguida de Honduras (2.618), Brasil (2.548), Argentina (2.527), Ecuador (2.028), Paraguay (1.973), Chile (1.242), Perú (1.232) y Uruguay (1.055).
Madrid lidera la clasificación por comunidades autónomas, con 8.149 repatriaciones financiadas desde 2009, seguida de cerca por Andalucía (3.811) y la Comunidad Valenciana (3.801). A pesar de contar con un elevado número de extranjeros, Cataluña se sitúa en cuarta posición, con 3.149 salidas, lo que podría explicarse por la mayor presencia de inmigrantes africanos en esta región, mientras que en Madrid predominan los ciudadanos de Hispanoamérica, quienes recurren en mayor medida a estas ayudas.
El coste del programa ha ido fluctuando en los últimos años. La parte financiada con fondos europeos alcanzó un gasto de 1,9 millones de euros en 2018, cifra que se redujo a 1,7 millones en 2020, pero que posteriormente aumentó hasta 2,7 millones en 2022. Por su parte, la iniciativa gestionada a través de la OIM representó un desembolso de 1,2 millones de euros en 2019, 1,6 millones en 2020, 2,1 millones en 2021 y 1,9 millones en 2022.
En 2023, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asignó 489.000 euros a la Fundación Altius y 788.000 euros a la asociación Aculco, según los datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Estas entidades juegan un papel clave en la gestión de los fondos y en la orientación de los inmigrantes que desean regresar a sus países de origen.
