No ha hecho falta mucho para que el Ejecutivo catalán ceda de nuevo ante el separatismo. Tras el revuelo provocado por el delegado de la Casa de la Generalidad en Perpiñán, Christopher Daniel Person, por negarse a utilizar la expresión Catalunya Nord, el Gobierno catalán ya prepara su cese para apaciguar a los socios independentistas, que han estallado contra su postura institucional.
Person, que en una comisión del Parlamento catalán celebrada a finales de marzo defendió la denominación oficial francesa de «Pirineos Orientales» en lugar de la terminología inventada por el secesionismo, ha sido tachado de «ignorante» y «arrogante» por Junts y ERC. Su argumento, que cambiar el término sería faltar a la neutralidad institucional, no ha servido para frenar la ofensiva. Muy al contrario: tanto los grupos parlamentarios como los antiguos delegados en la región han cargado con dureza contra él, acusándolo incluso de «despreciar» el catalán.
La presión ha surtido efecto. A pesar de que la portavoz del Gobierno catalán, Sílvia Paneque, aseguró inicialmente que se mantenía la confianza en Person, la Generalidad ya se plantea su destitución. Según avanzan varios medios afines al independentismo, su relevo estaría en manos de Albert Piñeira, exalcalde de Puigcerdà y actualmente vinculado a Junts per Cataluña.
El gesto no es menor. En el imaginario nacionalista, una parte del sur de Francia —concretamente el Rosellón— es considerada como parte de esa ficticia «nación catalana». La negativa de Person a respaldar esa narrativa ha sido vista como una afrenta intolerable para los sectores separatistas.
Así, Illa cede una vez más ante la presión del nacionalismo excluyente. Lejos de marcar un nuevo rumbo, el PSC ha vuelto a demostrar que no piensa plantarse frente a quienes quieren imponer su visión rupturista dentro y fuera de las instituciones. El peaje por gobernar en Cataluña sigue siendo el mismo: rendirse ante los dogmas del separatismo.
