El Gobierno español liderado por Pedro Sánchez, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha asignado 200.000 euros para abordar las necesidades de salud mental de los presos vinculados a Hamás en el sistema penitenciario israelí. Esta convocatoria, titulada «Palestina, 2023, PHRI. Necesidades de salud mental en el sistema penitenciario israelí», se enmarca en las políticas de cooperación internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
La iniciativa, registrada oficialmente el 10 de julio de 2023 y adelantada por Pablo Cambronero en X, está dirigida a personas jurídicas sin actividad económica que puedan implementar acciones para mejorar la salud psicológica en este contexto. El instrumento utilizado es una subvención directa y se regula bajo el Real Decreto 794/2010, que establece las normativas para las ayudas en cooperación internacional.
El proyecto, cuya finalidad principal es sanitaria, busca mitigar el impacto emocional al que, supuestamente, se enfrentan los presos palestinos, proporcionando un apoyo esencial para su bienestar en condiciones de alta vulnerabilidad. Sin embargo, no se conocen subvenciones de este tipo proporcionadas a los presos y secuestrados israelíes en tierras islámicas.
El período de solicitudes para esta ayuda comenzó el 1 de enero de 2023 y estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2024, permitiendo una amplia participación. Las bases reguladoras están disponibles a través de la página web de la AECID y del BOE, aunque el extracto de la convocatoria aún no se ha publicado en el diario oficial.
Niega las escalas de barcos estadounidenses con armas a Israel
No es la única medida que ha tomado el líder del Ejecutivo en los últimos meses a favor de Palestina y los grupos terroristas que lo apoyan. Hace escasos días, la Comisión Federal Marítima (FMC) de los Estados Unidos ha abierto una investigación sobre la presunta negativa de España a que cargueros estadounidenses hagan escala en sus puertos y ha advertido de que impondrá «importantes medidas correctivas» —con multas de hasta 2,3 millones de dólares por viaje— si se constatan «efectos perjudiciales» para el transporte marítimo como consecuencia de la referida prohibición.
