El proceso de reducción de la presencia de la Guardia Civil en distintas áreas del territorio español se ha intensificado de forma notable en los últimos meses, a pesar de las negativas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Aunque la cesión de competencias comenzó hace 42 años con la transferencia de Tráfico al País Vasco, la tendencia ha cobrado un ritmo acelerado recientemente.
El propio Marlaska ha tachado este progresivo repliegue de la Guardia Civil como un «bulo malintencionado para desacreditar al Ejecutivo». Como argumento, ha destacado el incremento de efectivos tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional en Navarra desde 2017. Sin embargo, ha evitado mencionar la continua pérdida de atribuciones que está afectando con más fuerza a la Guardia Civil que a la Policía Nacional.
La transferencia de competencias a las policías autonómicas no es un fenómeno nuevo. En 1983, con la creación de la Ertzaintza, esta asumió el control del tráfico en el País Vasco. Posteriormente, en 1998, los Mossos d’Esquadra hicieron lo propio en Cataluña. Ahora es la Policía Foral la que se encargará en exclusiva de esta función en Navarra.
Sin embargo, el ritmo de estas transferencias se ha acelerado en los últimos años, coincidiendo con la necesidad del Gobierno de Pedro Sánchez de apoyarse en partidos separatistas.
En 2020, se constituyó la Policía Marítima de los Mossos d’Esquadra, con el propósito inicial de compartir la vigilancia costera con la Guardia Civil. No obstante, en 2023 se le concedió en exclusiva esta labor durante la celebración de la Copa América, lo que consolidó su presencia en esta área.
La Unidad de Policía Marítima de los Mossos reforzará la vigilancia preventiva en el litoral catalán durante los meses de julio, agosto y septiembre, desplegando cinco embarcaciones para garantizar la seguridad en la zona.
Un caso similar se produjo en 2023 con la «reestructuración» de los grupos de montaña de la Guardia Civil, lo que implicó una disminución de efectivos tanto en Cataluña como en Navarra. Aunque la institución conservó la competencia, su menor presencia fue compensada con un aumento de efectivos en los grupos de rescate de los Mossos en Cataluña y de los Bomberos en Navarra.
En 2022, tanto los Mossos como la Ertzaintza asumieron la supervisión de los precursores de explosivos, dando un paso más en la progresiva transferencia de competencias. Sin embargo, el mayor avance en este sentido ha tenido lugar en 2024, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez cedió el control de los puertos y aeropuertos a Cataluña y al País Vasco. En el caso de Cataluña, la asunción total de estas funciones aún está pendiente, pero en el País Vasco, donde la Ertzaintza ya ha comenzado a desempeñar esta labor, se han detectado dificultades debido a la falta de preparación de los agentes autonómicos.
Con el inicio de 2025, el foco del debate parece trasladarse al archipiélago canario. En apenas dos semanas, la continuidad de la unidad antidisturbios y antiterrorista de los GRS de la Guardia Civil en Canarias ha quedado en entredicho. Además, se ha excluido a la Guardia Civil del operativo de seguridad de los carnavales en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, mientras que Coalición Canaria ha solicitado una ampliación de competencias para la Policía Autonómica Canaria.
Todo apunta a que Galicia podría ser la siguiente comunidad en presenciar una reducción significativa de la presencia de la Guardia Civil.
