La situación en la costa andaluza para los guardias civiles que luchan contra el narcotráfico sigue siendo precaria dos meses después del asesinato de dos agentes en Barbate cuando fueron arrollados por una narcolancha.
En esta zona sólo operan nueve de las 22 patrulleras de la Guardia Civil destinadas a la lucha contra el narco. Así, las narcolanchas siguen atracando en los puertos andaluces mientras las embarcaciones de los guardias acumulan averías sin arreglar.
«La impunidad continúa a pesar de lo que vio toda España. Nada ha cambiado. Al revés. Ni ponen refuerzos ni arreglan las embarcaciones», denuncia un agente consultado por El Mundo. Y advierte: «Al percatarse de la patrullera las narcolanchas no muestran ningún reparo en embestir e intimidar«.
El 60% de las embarcaciones de la Guardia Civil no está disponible para salir a vigilar o realizar intervenciones en el mar. Únicamente nueve de las 22 están en servicio en la actualidad debido a las averías, los problemas de horarios y la falta de medios. La situación se agrava si se tiene en cuenta que de esas nueve que están funcionando, dos son embarcaciones semirrígidas muy parecidas a las que la narcolancha destrozó en el puerto de Barbate. Este tipo de zodiac no tiene capacidad para disuadir a las que utilizan los narcotraficantes. El resto de la flota está «averiada o inoperativa», según la documentación a la que ha accedido el citado medio.
Mientras tanto la actividad de las narcolanchas no cesa en la zona, conscientes de la escasa presencia de la Guardia Civil. Por ejemplo, el pasado fin de semana, en Manilva (Málaga), al menos once embarcaciones buscaron refugio y quedaron varadas. Varias de ellas, al percatarse de que la patrullera de la Guardia Civil se acercaba para su detención, la embistieron e intimidaron.
Pese a las continuas peticiones y denuncias de los agentes, desde el Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad hacen oídos sordos. Preguntados por si el Gobierno se plantea catalogar como Zona de Especial Singularidad la provincia de Cádiz —una reivindicación crónica— por la incidencia del narcotráfico, aseguran que «no es una cuestión sencilla» y que esta clasificación, que implicaría determinados refuerzos e incentivos, «siempre hay que evaluarla en relación con otras zonas. Tiene que estudiarse en conjunto con otras zonas de España».
