La comparecencia del Gobierno tras el Consejo de Ministros de este martes ha estado marcada por el inicio del juicio en el Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el llamado caso mascarillas. Un proceso judicial que, según distintas fuentes socialistas, podría acabar con la condena del que fuera número tres del PSOE.
La presión sobre el Ejecutivo ha sido inmediata. Los periodistas han preguntado hasta en tres ocasiones a la portavoz del Gobierno, la ministra Elma Saiz, qué responsabilidades políticas asumirá el Gobierno si Ábalos es declarado culpable. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él 24 años de prisión por delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias o malversación.
Saiz ha evitado responder de forma directa. Se ha limitado a reiterar que «es el momento de la Justicia» y que esta debe «llegar hasta el final». Ante la insistencia, ha zanjado la cuestión con una frase que refleja la posición del Ejecutivo: «Las responsabilidades se tomaron».
El Gobierno trata así de dar por cerrado cualquier coste político derivado del caso, pese a que Ábalos fue una figura clave en el ascenso de Pedro Sánchez. No sólo ocupó el Ministerio de Transportes, sino que fue secretario de Organización del PSOE y uno de los principales defensores de la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa en 2018 tras la sentencia de la trama Gürtel.
Durante la comparecencia, la portavoz ha centrado parte de su intervención en intentar equiparar el caso mascarillas con el caso Kitchen, que también se juzga estos días y que afecta al Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP. Sin que mediara pregunta, Saiz ha introducido este asunto en varias ocasiones para insistir en que «la corrupción hace daño al conjunto de la ciudadanía» y recordar «el caso más importante de corrupción del PP».
El movimiento evidencia la estrategia del Ejecutivo: diluir el impacto del juicio contra Ábalos en un marco de confrontación con el Partido Popular. Sin embargo, el caso afecta directamente al núcleo de poder que sostuvo al actual Gobierno en sus primeros años.
