Joseba García, hermano del asesor de José Luis Ábalos, ha reconocido en el Tribunal Supremo haber acudido en varias ocasiones a la sede del PSOE en la calle Ferraz para recoger sobres con dinero destinados, según explicó, a gastos vinculados al partido.
Durante su declaración, el testigo aseguró que accedía a la sede identificándose como cualquier visitante y que, una vez dentro, le indicaban con quién debía reunirse. Según relató, en esas visitas recibía los sobres de manos de una trabajadora del partido, que posteriormente entregaba a la esposa de Koldo García. Aunque afirmó no haber abierto los sobres, señaló que sabía que contenían dinero porque así se lo indicaban.
Estas manifestaciones se produjeron en la primera jornada del juicio que se celebra contra el propio Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, acusados de formar parte de una presunta trama criminal relacionada con adjudicaciones públicas durante la pandemia.
El proceso judicial, que ha arrancado en el Alto Tribunal, también aborda otras cuestiones como la contratación de material sanitario, supuestos pagos en efectivo y diferentes operaciones inmobiliarias y empresariales bajo sospecha. Entre ellas figura el alquiler y uso de viviendas, así como contrataciones en empresas públicas como Ineco, Tragsa o Logirail.
En paralelo, el hijo del exministro, Víctor Ábalos, compareció como testigo para aclarar aspectos patrimoniales. Negó que su padre se beneficiara de un inmueble de lujo en el Paseo de la Castellana facilitado por Aldama, asegurando que se trató de una operación fallida en la que incluso existía un ocupante en la vivienda. También explicó que prestó 20.000 euros a su padre tras un cambio en su situación económica, cantidad que, según dijo, aún no ha sido devuelta.
Durante su testimonio, rechazó igualmente haber utilizado sistemas de mensajería encriptada o códigos para comunicarse con Koldo García, desmintiendo que expresiones como «café» tuvieran un significado oculto.
Por otro lado, el juicio incorporó las declaraciones por escrito de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del ministro Ángel Víctor Torres, quienes negaron haber intervenido en adjudicaciones de contratos relacionados con la compra de mascarillas. Ambos aseguraron no haber tomado decisiones sobre dichas contrataciones ni haber mantenido conversaciones al respecto con los acusados.
En el plano procesal, la defensa de Koldo García solicitó la suspensión del juicio alegando la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón, como el resto de acusaciones se opusieron, y el tribunal indicó que no le corresponde acordar dicha paralización.
La causa incluye múltiples líneas de investigación que van desde contratos públicos hasta presuntas influencias en operaciones empresariales, incluyendo el rescate de compañías o adjudicaciones durante la pandemia. En este contexto, la Fiscalía solicita para Ábalos penas que podrían alcanzar los 24 años de prisión por delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.
