El Gobierno de Pedro Sánchez ha publicado cuatro anuncios de licitaciones públicas para la alimentación de inmigrantes ilegales en centros de acogida situados en Madrid, Murcia y Extremadura. En conjunto, los contratos alcanzan un valor estimado de 56,4 millones de euros, destinados exclusivamente al suministro de comida y servicios de catering para estas instalaciones.
Dos de los contratos afectan a centros ubicados en la Comunidad de Madrid. El primero, correspondiente al centro de acogida de Arteaga (Madrid capital), tiene un presupuesto previsto de 21,6 millones de euros, mientras que el segundo, para el centro de Alcalá de Henares (Primo de Rivera), asciende a 18,4 millones. Ambos contratos se prolongarán entre el 15 de octubre de 2025 y el 30 de junio de 2026 y contemplan servicios completos de restauración bajo el paraguas de la empresa pública Tragsa.
El tercer contrato se refiere al centro de acogida de El Prado, en Mérida (Badajoz), donde se ha licitado el servicio por un total de 8,79 millones de euros, con el mismo periodo de ejecución estimado. Al igual que los anteriores, el adjudicatario deberá encargarse del suministro de comidas bajo supervisión conjunta de Tragsa y otros organismos públicos implicados.
El cuarto expediente corresponde al centro de acogida de Cartagena (Murcia), con una licitación estimada en 7,63 millones de euros para el mismo tipo de servicio. También en este caso, se especifica un periodo de ejecución comprendido entre el 30 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026.
Todos los contratos están sujetos a la regulación armonizada de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, y han sido tramitados por vía ordinaria a través del sistema oficial de contratación del sector público. Las adjudicaciones no contemplan mezcla de servicios, y en todos los casos, el objeto principal es la prestación de servicios de restauración en instalaciones habilitadas para acoger a personas en situación irregular.
Estas cifras han despertado críticas en ciertos sectores, que consideran desproporcionado el gasto en alimentación de inmigrantes irregulares mientras otras partidas sociales enfrentan recortes o restricciones. El Ejecutivo, sin embargo, defiende estos contratos como parte de sus «compromisos humanitarios» y de gestión de la inmigración en territorio español.
