El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado en el Consejo de Ministros un nuevo reparto de 324 millones destinados a cooperación internacional y ayudas a organizaciones no gubernamentales (ONG), dentro de una batería de decisiones económicas aprobadas esta semana por el Ejecutivo sin necesidad de tramitar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
De esa cantidad, 300 millones de euros serán distribuidos por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo mediante convenios vinculados a proyectos de sostenibilidad y solidaridad global. Además, según avanza The Objective, el Consejo de Ministros ha autorizado un préstamo de 50 millones de dólares al Banco de Desarrollo de El Salvador, aunque el Ejecutivo no ha ofrecido detalles concretos sobre el destino de esos fondos.
Junto a estas medidas, el Gobierno también ha aprobado nuevos desembolsos en materia militar. Entre ellos figuran 70,4 millones de euros para uniformes, 21,6 millones destinados a sistemas de defensa inmediata para fuerzas de desembarco y otros 14 millones para material y suministros dirigidos a buques y unidades de la Armada.
A ello se añade la activación de 641,8 millones de euros procedentes del fondo de contingencia con el objetivo de sufragar operaciones de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior. Parte de estas misiones, según las críticas vertidas desde distintos sectores, apenas son conocidas públicamente y no siempre pasan por un debate específico en el Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo también ha autorizado a la Comunidad de Madrid a incrementar su endeudamiento a largo plazo en casi 796 millones de euros, en un contexto marcado por el continuo aumento de la deuda pública en las diferentes administraciones españolas.
En paralelo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un contrato de 16,3 millones de euros para servicios de transporte aéreo vinculados al traslado de ciudadanos extranjeros y agentes policiales en vuelos específicos no regulares. Aunque el Gobierno no concreta el objetivo exacto de estos desplazamientos, parte de las interpretaciones apuntan a posibles procedimientos de expulsión de inmigrantes en situación ilegal.
En el área cultural, el Ejecutivo ha vuelto a aprobar importantes partidas para el sector audiovisual. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales repartirá este año 62 millones de euros en subvenciones destinadas a la producción de películas. A ello se suma otra aportación superior al millón de euros para organismos internacionales relacionados con el ámbito cultural.
Todas estas decisiones han reavivado las críticas hacia la forma en la que el Gobierno está gestionando el gasto público. Distintas voces cuestionan que el Ejecutivo siga impulsando medidas millonarias sin haber aprobado unos nuevos Presupuestos Generales desde 2022 y recurriendo de manera recurrente a mecanismos como el real decreto ley.
Los detractores de esta estrategia consideran que el poder legislativo ha ido perdiendo capacidad de control sobre la acción del Ejecutivo y denuncian que muchas decisiones económicas y políticas relevantes se adoptan sin apenas debate parlamentario previo.
