El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado más de 1,6 millones de euros a «Indígenas en América» a través de distintas partidas encuadradas en programas de cooperación internacional, una línea de gasto que ha generado críticas por la falta de claridad en su ejecución y resultados.
Entre las subvenciones concedidas en 2025 y avanzadas por The Objective figuran iniciativas como la formación de traductores e intérpretes en comunidades indígenas en Chiapas (México), dotada con 200.000 euros; proyectos de apoyo a colectivos indígenas LGBTQIA+ del pueblo guaraní en Brasil, con 150.000 euros; programas de asesoramiento legal y refuerzo organizativo para líderes indígenas en Perú, también con 150.000 euros; o una nueva fase del plan de acción para pueblos indígenas en el Caribe, que ha recibido 355.000 euros. Estas ayudas se canalizan principalmente mediante subvenciones directas, sin contraprestación económica, a través de organizaciones y entidades colaboradoras, en muchos casos ONG.
Este tipo de iniciativas se enmarca dentro del llamado «Plan Indígena», una estrategia impulsada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuyo objetivo oficial es promover y proteger derechos fundamentales de estos colectivos. Sin embargo, distintas voces cuestionan la concreción de esos objetivos y la forma en que se supervisa el destino final de los fondos.
El volumen total de recursos destinados a cooperación al desarrollo ha ido en aumento en los últimos años. Sólo en el último ejercicio, la cifra superó los 4.500 millones de euros, una cantidad que el Ejecutivo presenta como un avance en su compromiso internacional, pero que algunos analistas consideran desproporcionada o insuficientemente evaluada.
Las críticas no sólo se centran en la cuantía, sino también en los mecanismos de control. Se apunta a la escasa verificación sobre si los fondos llegan efectivamente a sus destinatarios o si cumplen los fines para los que fueron concedidos. En algunos casos, incluso organizaciones encargadas de verificar información han confirmado la existencia de determinadas ayudas sin poder obtener respuesta de las entidades receptoras.
Este debate cobra mayor relevancia en un contexto internacional en el que otros países, como Estados Unidos o Suecia, han optado por revisar sus políticas de cooperación y aplicar recortes o auditorías más estrictas. Frente a ello, España mantiene una tendencia expansiva en este ámbito.
En conjunto, la gestión de estos programas plantea interrogantes sobre la transparencia, la eficiencia del gasto público y la necesidad de reforzar los sistemas de seguimiento en la cooperación internacional, especialmente cuando se trata de partidas millonarias destinadas a proyectos en el exterior.
