Una encuesta del diario ARA elaborada por la empresa de datos YouGov ha desvelado que el 66% de los catalanes son partidarios de que las condiciones para entrar y establecerse en Cataluña sean más restrictivas, una postura claramente mayoritaria frente a quienes prefieren mantener el modelo actual (17%) o flexibilizarlo aún más (9%).
Además, una parte significativa de la población —en torno al 30%— apuesta por limitar esos derechos incluso en situación legal. La investigación también profundiza en la valoración de la inmigración ilegal. Una mayoría del 64% cree que debería existir la posibilidad de acceder a la regularización siempre que se cumplan determinadas condiciones, como carecer de antecedentes penales, contar con empleo o tener cargas familiares. En cambio, un 27% adopta posiciones más duras: dentro de este grupo, un 9% rechaza cualquier vía de regularización y un 18% se inclina por la expulsión de quienes se encuentren en situación ilegal. Sólo un 9% defiende que todas las personas deberían obtener papeles sin requisitos.
Este debate se produce en paralelo al proceso extraordinario impulsado por el Ejecutivo central, que permite regularizar a extranjeros sin documentación que lleven al menos seis meses residiendo en España. El plazo para acogerse a esta medida se extiende hasta el 30 de junio, y el propio Gobierno estima que podría beneficiar a unas 500.000 personas —según expertos, a muchos más—. En los últimos días, las oficinas encargadas de tramitar estas solicitudes han registrado largas colas.
La opinión pública catalana, no obstante, se muestra dividida ante esta iniciativa. Según la encuesta, un 42% rechaza esta regularización excepcional, mientras que un 31% la respalda. El 27% restante adopta una posición intermedia, sin inclinarse claramente ni a favor ni en contra.
Las diferencias también se aprecian entre electorados de distintos partidos, donde una parte de los votantes —con la excepción de los más cercanos a posiciones progresistas— se muestra favorable a establecer ciertos límites en los derechos de los inmigrantes incluso cuando se encuentran en situación legal. Entre las propuestas que han ido ganando espacio en el debate político figura la concesión gradual de derechos en función del grado de arraigo, una idea presente en diversos planteamientos partidistas.
