Miles de opositores que aprobaron en julio de 2024 las pruebas para el Cuerpo de Gestión Civil del Estado (A2) continúan sin destino asignado y cobrando 1.060 euros mensuales sin desempeñar ninguna función. La situación, que se prolonga meses después de haber superado el proceso selectivo, ha generado un fuerte malestar entre los afectados, que denuncian incertidumbre, falta de transparencia y graves consecuencias personales y económicas.
El problema se produce en paralelo a la falta de personal en organismos clave como el SEPE, la Seguridad Social o las oficinas de extranjería, saturadas en parte por la presión derivada de procesos de regularización de inmigrantes. A pesar de esa necesidad estructural de efectivos, miles de funcionarios ya seleccionados siguen sin incorporarse.
Los testimonios reflejan una situación de bloqueo administrativo que impacta directamente en la vida cotidiana de los afectados. Christian, uno de los opositores, resume el sentir general a Abc: «No nos informan de nada, no tenemos ni idea cuándo tendremos nuestro destino». Tras aprobar en mayo de 2025, se encontró con dificultades para renovar su contrato de alquiler al no contar con un destino definitivo.
«Yo no quiero cobrar por no trabajar», asegura. Desde que completó el curso selectivo obligatorio en febrero, percibe un salario público sin ocupar plaza. «He tenido que tomar pastillas para dormir», añade, tras meses de incertidumbre.
La inseguridad jurídica y laboral impide a estos funcionarios acceder a créditos o formalizar contratos. «Sin una publicación del destino en el BOE no se tramita nada«, insisten varios afectados.
El retraso en la asignación de destinos no es un caso aislado. Afecta a distintas escalas de la Administración General del Estado, con demoras que pueden alcanzar los dos o incluso tres años entre la aprobación de la oposición y la incorporación efectiva.
En algunos casos, especialmente en escalas inferiores, los aprobados ni siquiera perciben salario hasta tener destino asignado. Todo ello en un contexto en el que el propio Gobierno sostiene que los procesos se están agilizando.
La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, defendió en marzo en el Senado que muchas convocatorias ya se resuelven en menos de doce meses. Sin embargo, la realidad que describen los afectados contradice ese discurso.
El bloqueo administrativo resulta aún más llamativo ante la existencia de miles de plazas sin convocar. Según datos conocidos, más de 9.000 puestos correspondientes a ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025 siguen pendientes. De ellas, 5.765 corresponden a nuevo ingreso y 3.328 a promoción interna.
Estas plazas tienen un plazo de caducidad de tres años, lo que abre la puerta a su pérdida si el Ejecutivo no actúa. Algunas podrían comenzar a expirar en los próximos meses.
Los afectados señalan directamente al Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, por la falta de información. Denuncian que no se ha publicado ninguna previsión oficial sobre la adjudicación de destinos.
El conflicto pone de relieve un problema estructural en la gestión del empleo público: oposiciones que se convocan pero no se resuelven a tiempo, plazas que no se cubren y una Administración que, pese a necesitar personal, mantiene a miles de funcionarios en un limbo administrativo.
