El inicio de la presentación presencial de solicitudes para regularizar a cerca de 30.000 inmigrantes ilegales en Baleares ha encendido todas las alarmas entre los funcionarios del Estado. Desde el sindicato UGT, el secretario del sector de la Administración General del Estado en las islas, Fernando Martorell, advierte de un riesgo real de colapso de los servicios públicos si el Gobierno no actúa de forma urgente.
La advertencia llega en el momento en que arranca una campaña de regularización masiva que, según los propios trabajadores, supera con creces la capacidad actual de la Administración. En Extranjería, uno de los puntos críticos, hay 75 plazas, pero 36 están vacantes, lo que supone cerca del 47% de déficit de personal. Con este escenario, los funcionarios consideran inviable asumir el volumen de expedientes previsto.
El problema no parte de cero. En la actualidad, ya existe un retraso acumulado de alrededor de 1.000 expedientes. A esa carga se sumaría ahora la avalancha derivada del proceso de regularización, lo que, según Martorell, convierte la situación en “prácticamente imposible” sin un refuerzo estructural de plantilla.
Los trabajadores denuncian además que la Administración funciona “a base de parches”. Parte del servicio se sostiene con 18 interinos cuyos contratos están próximos a finalizar, lo que impide consolidar equipos y genera una rotación constante. A esto se suma el recurso a organismos como Correos o empresas públicas como TRAGSA, cuyos empleados se limitan a recoger documentación sin capacidad para tramitar ni resolver expedientes, lo que mantiene intacto el cuello de botella administrativo.
La consecuencia directa es un deterioro progresivo del servicio público. Baleares presenta niveles de vacantes muy superiores a la media nacional, especialmente en Extranjería, donde la diferencia alcanza los 17 puntos. Esta situación provoca sobrecarga de trabajo, retrasos y una atención cada vez más limitada a los ciudadanos.
El problema de fondo, según los funcionarios, es estructural. Las condiciones laborales y económicas dificultan atraer y retener personal. Un auxiliar administrativo del grupo C2 percibe en torno a 1.300 euros mensuales, apenas por encima del salario mínimo, una cifra incompatible con el elevado coste de vida en las islas. Esta situación favorece la fuga de trabajadores hacia otros destinos con mejores condiciones.
A ello se suma el envejecimiento de la plantilla. Aproximadamente el 65% del personal supera los 50 años, lo que anticipa una oleada de jubilaciones en los próximos años que agravará aún más la falta de efectivos si no se adoptan medidas.
En este contexto, los funcionarios insisten en que el riesgo de colapso no es una hipótesis, sino un escenario plausible a corto plazo. Baleares combina un fuerte crecimiento demográfico con una de las menores ratios de empleados públicos del Estado, lo que, unido a la presión migratoria y a decisiones como esta regularización masiva, sitúa al sistema al límite de su capacidad operativa.
