El Gobierno de Sánchez ha respaldado el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit, un texto de 606 páginas y 336 artículos que suprime la Verja y redefine el funcionamiento de la frontera, pero que evita entrar en la cuestión de la soberanía. El documento será ratificado por el Parlamento Europeo y no pasará por el Congreso de los Diputados.
El texto, elaborado bajo el membrete del Consejo de la Unión Europea, deja expresamente al margen el contencioso histórico. En sus disposiciones se establece que lo acordado no deberá «perjudicar» ni «afectar» a las respectivas posiciones legales del Reino Unido y del Reino de España en relación con la soberanía y la jurisdicción sobre Gibraltar, ni podrá servir como base para afirmar o negar reclamaciones en ese terreno. La disputa de fondo, por tanto, queda intacta.
La situación contrasta con el marco jurídico que sigue representando el Tratado de Utrecht de 1713, vigente desde el punto de vista legal. En él, España cedía a la Corona británica la «plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas», sin jurisdicción territorial adicional y sin comunicación terrestre abierta con el territorio circundante. El texto incluía además limitaciones expresas sobre quién podía establecerse en la plaza.
El nuevo acuerdo introduce uno de los cambios más significativos en la historia reciente del Peñón: la eliminación definitiva de la Verja. El artículo 7 dispone que todas las barreras físicas deberán retirarse conforme al plan previsto. En la práctica, el control de acceso al espacio Schengen dejará de realizarse en ese punto fronterizo y el tránsito terrestre pasará a funcionar como un paso interno bajo un sistema de verificación doble, ejercido por las autoridades británicas y españolas en un marco cooperativo.
El aeropuerto y el puerto de Gibraltar también quedarán sujetos a un modelo de gestión conjunta. El texto prevé una entidad de responsabilidad compartida entre España y el Reino Unido, con supervisión estructurada y aplicación del Derecho de la Unión Europea en los ámbitos correspondientes. Se configura así un esquema estable de cooperación institucional en infraestructuras estratégicas del enclave.
En materia militar, el artículo 38 establece que los militares británicos y efectivos de fuerzas armadas de países invitados podrán entrar en Gibraltar sin pasaporte ni visado, aunque no tendrán derecho a fijar residencia o domiciliarse en el espacio Schengen.
Desde el punto de vista económico, el pacto incorpora mecanismos de aproximación en fiscalidad indirecta. Gibraltar implantará un gravamen equiparable al IVA que comenzará en el 15% desde la entrada en vigor del tratado y completará su convergencia en un plazo de tres años. También se incluyen previsiones específicas en relación con el tabaco conforme a la normativa comunitaria, con el objetivo declarado de evitar desequilibrios económicos.
El acuerdo contempla asimismo instrumentos orientados a promover un desarrollo considerado equilibrado. Entre ellos, un mecanismo financiero destinado a la formación para el empleo y otras medidas de carácter social para corregir desigualdades de ingresos, el refuerzo de la coordinación en materia de Seguridad Social y disposiciones específicas para los trabajadores transfronterizos.
España asumirá un papel relevante en la ejecución del acuerdo, incluida la facultad de promover su suspensión, activar cláusulas de salvaguarda o proceder a su rescisión.
Con este nuevo marco, el Gobierno da luz verde a una etapa de cooperación reforzada tras el Brexit que modifica de manera profunda la operativa en la frontera y en las principales infraestructuras del Peñón, mientras la cuestión de la soberanía, tres siglos después de Utrecht, continúa fuera del texto.
