El Gobierno de España adjudicó durante 2025 un total de 23.116 millones de euros mediante el procedimiento negociado sin publicidad, una modalidad de contratación pública que permite formalizar contratos sin licitación abierta previa. Según publica The Objective, los datos publicados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) no dejan lugar a duda: se trata del mayor volumen registrado en la serie histórica para este tipo de adjudicaciones.
El procedimiento negociado sin publicidad permite que la administración invite directamente a determinadas empresas a participar en la negociación del contrato, sin abrir una convocatoria pública en la que puedan concurrir todos los operadores interesados.
Los datos analizados indican que 2025 concentra más del 60 % del importe total adjudicado mediante este procedimiento desde 2021. En el conjunto del periodo 2021-2025, la Administración General del Estado formalizó 15.721 contratos o lotes mediante negociación directa, con un volumen acumulado de 36.727 millones de euros.
El importe medio de estos contratos supera los 2,3 millones de euros por adjudicación, lo que refleja que no se trata mayoritariamente de expedientes de pequeña cuantía. Dentro del conjunto de la contratación pública estatal, estas adjudicaciones representan aproximadamente el 20 % del volumen total licitado, que supera los 190.000 millones de euros desde 2021.
El incremento registrado durante el último ejercicio explica buena parte del crecimiento acumulado de la serie. Según el panel estadístico del organismo supervisor, el mayor pico trimestral de adjudicaciones se produjo en el tramo final de 2025, coincidiendo con un aumento de contratos vinculados a adquisiciones de armamento por parte del Ministerio de Defensa.
Las cifras difundidas no incluyen los contratos menores, otra modalidad de contratación directa que está limitada legalmente a importes inferiores y que sigue un procedimiento administrativo distinto.
Los organismos de supervisión utilizan la proporción de contratos adjudicados sin licitación pública como uno de los indicadores del nivel de competencia en la contratación estatal. En este tipo de procedimientos, la concurrencia empresarial queda restringida a las compañías invitadas por la administración, lo que reduce el número potencial de ofertas.
Diversos informes del Tribunal de Cuentas Europeo han advertido de que la falta de competencia en determinados procesos de contratación pública puede afectar a la eficiencia del gasto público. La normativa española establece que el procedimiento negociado sin publicidad debe utilizarse únicamente en circunstancias excepcionales, como situaciones de urgencia, contratos con proveedor único o casos en los que la naturaleza técnica del servicio limite la competencia.
