El Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado hasta los 32 millones de euros anuales la dotación de las subvenciones para actividades sindicales, frente a los 8,88 millones presupuestados en 2018. La partida se ha multiplicado por aproximadamente 3,6 durante una etapa marcada por la estrecha relación del Ejecutivo con UGT y CCOO.
La convocatoria de 2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado junio, establece ese importe como máximo para el conjunto de organizaciones beneficiarias. El reparto se realiza en proporción a su representatividad y financia actividades de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.
De 17 a 32 millones en un año
El incremento se aceleró tras la llegada de Yolanda Díaz al Ministerio de Trabajo. Según la evolución recogida por ABC, la dotación pasó a 13,9 millones en 2021 y alcanzó los 17 millones en 2022, cantidad que se mantuvo durante los dos ejercicios siguientes. El salto más pronunciado llegó en 2025, cuando la convocatoria ascendió a 32 millones, un 88% más que en 2024. El Gobierno ha mantenido esa cuantía en 2026.
El volumen de financiación pública es mayor al incorporar otras líneas de ayuda. El análisis publicado por ABC, elaborado a partir de los listados de grandes beneficiarios de Hacienda, sitúa en unos 569 millones las subvenciones acumuladas entre 2018 y 2025 por UGT, CCOO, sus organizaciones territoriales, federaciones y fundaciones vinculadas. Ese cómputo reúne distintas ayudas y entidades beneficiarias durante ocho ejercicios, con financiación procedente de diferentes administraciones.
Sintonía con Trabajo y movilización en noviembre
El crecimiento de las subvenciones ha coincidido con el respaldo de ambas centrales a iniciativas de Díaz, como la frustrada reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y sus propuestas sobre el registro horario. Ahora, UGT y CCOO llaman a una huelga general el 11 de noviembre, con reivindicaciones sobre salarios, vivienda y negociación colectiva.
Edificios cedidos por el Estado
A las subvenciones se suma el uso de inmuebles públicos. Según ABC, CCOO dispone de 33 edificios cedidos y UGT de otros 25, dentro del patrimonio sindical acumulado. El periódico cifra en al menos 700.000 euros anuales el IBI de esos inmuebles a cargo del erario público. Las organizaciones beneficiarias asumen su mantenimiento, mientras que el Estado conserva la propiedad.
