El Gobierno traspasó al PNV el palacete del Instituto Cervantes en París mediante el decreto-ley aprobado en diciembre de 2024, pese a que informes previos de la Dirección General del Patrimonio del Estado advirtieron de que no existían pruebas suficientes para acreditar que el inmueble hubiera pertenecido históricamente al Partido Nacionalista Vasco. Así lo publica este jueves el diario ABC, que desvela el contenido de la documentación utilizada durante la tramitación del expediente.
Los documentos, según la información publicada, llevaron inicialmente al archivo de la reclamación presentada por los nacionalistas vascos. En mayo de 2024, el Consejo de Ministros archivó la solicitud del PNV tras asumir las conclusiones de Patrimonio, que consideraba imposible acreditar los elementos necesarios para reconocer la titularidad histórica del edificio.
El informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado, aprobado el 14 de mayo de 2024, sostenía que la documentación aportada por el PNV no permitía demostrar que las sociedades utilizadas para adquirir el inmueble hubieran actuado realmente en representación del partido. En consecuencia, el organismo concluía que Patrimonio advirtió de la falta de pruebas suficientes para adoptar una resolución favorable a la reclamación.
En concreto, el documento señalaba que, «teniendo en cuenta los elementos aportados al expediente, resulta materialmente imposible concluir que concurren los elementos necesarios para la adopción de una resolución», al no quedar acreditada la relación jurídica entre las entidades compradoras y la formación nacionalista.
Pese a esas conclusiones, siete meses después el Ejecutivo aprobó un decreto-ley por el que el Gobierno cedió finalmente la titularidad del inmueble al Partido Nacionalista Vasco, modificando el criterio mantenido durante la primera fase de la tramitación administrativa.
El edificio, ubicado en el número 11 de la avenida Marceau de París, constituye una de las principales reivindicaciones patrimoniales del PNV. Los nacionalistas sostienen que el inmueble fue adquirido para albergar la sede del primer Gobierno vasco en el exilio, presidido por el lehendakari José Antonio Aguirre.
La compra se formalizó en octubre de 1937 mediante la intervención de un testaferro, Marino Gamboa. No obstante, el PNV defiende que los fondos destinados a la adquisición fueron transferidos el 12 de septiembre de 1936, antes incluso de la constitución del Gobierno vasco, circunstancia que, a su juicio, reforzaría la vinculación patrimonial del inmueble con el partido.
En 1951, una sentencia de la justicia francesa acordó transferir la propiedad al Estado español tras aceptar las reclamaciones formuladas por la dictadura franquista, que consideraba que el inmueble había sido adquirido con recursos pertenecientes a la Segunda República.
Décadas después, en 1995, el Instituto Cervantes estableció allí su sede cultural en Francia, desarrollando desde entonces sus actividades en el emblemático edificio parisino. En agosto de 2025 la institución abandonó el inmueble, aunque el acuerdo de cesión contemplaba la posibilidad de permanecer en él mediante el pago de un alquiler.
El palacete fue construido en 1883 por el arquitecto Paul Déchard, dispone de más de 1.300 metros cuadrados de superficie y, según las estimaciones conocidas, el inmueble supera actualmente los 15 millones de euros de valor de mercado. La revelación de los informes previos reabre el debate sobre los fundamentos jurídicos que sustentaron la decisión del Ejecutivo de reconocer finalmente la titularidad del edificio al PNV.
