La aplicación de la Ley de Memoria Democrática vuelve a situarse en el foco del debate político, esta vez por una compensación económica concedida por el Gobierno al PNV por dos inmuebles desaparecidos en Francia, cuya titularidad, según un informe de dos fundaciones al que ha tenido acceso El Español, no quedó acreditada durante el procedimiento administrativo.
El estudio sostiene que el Ejecutivo abonó 3.788.004 euros por los antiguos edificios Hotel du Mont Renaud, en Noyon, y Hotel de Dieu, en Compans, pese a que los servicios patrimoniales de la Administración habían valorado inicialmente ambos bienes en 2.151.395 euros, una diferencia de 1.636.609 euros, equivalente a un 76% más.
Según el informe, la valoración inicial ascendía a 1.407.926 euros para el inmueble de Noyon y 743.469 euros para el de Compans. No obstante, la cantidad finalmente satisfecha por el Gobierno el 21 de enero de 2025 superó ampliamente esas estimaciones.
Los dos edificios estaban vinculados al exilio vasco durante la Guerra Civil, aunque actualmente han desaparecido. Las entidades autoras del informe sostienen que el expediente administrativo no acreditó de forma concluyente que el PNV fuera propietario de dichos inmuebles.
La operación se enmarca en el mismo proceso mediante el que el Ejecutivo acordó la cesión al PNV del palacete de la Avenue Marceau de París, antigua sede del Instituto Cervantes, dentro de las medidas de restitución previstas en la Ley de Memoria Democrática.
El informe afirma además que en la documentación obtenida a través del Portal de Transparencia «no constan todos los informes técnicos mencionados para justificar dicha cuantía».
El profesor de la Universidad del País Vasco e investigador Pedro Chacón sostiene que «la documentación administrativa obtenida y las investigaciones archivísticas realizadas hasta ahora son plenamente coherentes entre sí, en el sentido de que nos conducen a un mismo resultado». En su opinión, «el PNV nunca fue dueño de estos inmuebles y ha mentido para conseguirlos con la colaboración del Gobierno de España».
El origen del expediente se remonta a 1998, cuando durante el Gobierno de José María Aznar se aprobó la ley de restitución de bienes incautados durante la Guerra Civil. El PNV reclamó entonces tanto el palacete parisino como los inmuebles de Noyon y Compans, aunque la Administración rechazó la solicitud al considerar que no había quedado acreditada su titularidad.
Posteriormente, el Tribunal Supremo confirmó esa decisión en 2003 y, en el caso de los inmuebles franceses, añadió que la reclamación había sido presentada fuera de plazo.
Tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018, el Ejecutivo asumió el compromiso de buscar una fórmula para restituir o compensar esos bienes. Según el informe, ese compromiso se produjo en el contexto de la moción de censura que permitió al líder socialista acceder al Gobierno con el apoyo del PNV.
La documentación recoge que el Consejo de Ministros reconoció el 14 de mayo de 2024 que era «materialmente imposible» concluir que concurrían todos los elementos necesarios para resolver favorablemente la reclamación del PNV. Sin embargo, finalmente el Ejecutivo incorporó la compensación económica y la cesión del palacete de París a un real decreto-ley aprobado en diciembre de 2024.
Las entidades también señalan que el documento considerado decisivo fue elaborado por el entonces secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, aunque consideran que dicho informe justificaba principalmente la vinculación del PNV con el palacete de la Avenue Marceau y no acreditaba documentalmente la propiedad de los inmuebles desaparecidos de Noyon y Compans.
Asimismo, el expediente refleja que el PNV presentó una valoración privada sensiblemente superior a la manejada por la Administración, con tasaciones de 3.238.000 euros para Noyon y 7.164.000 euros para Compans, cifras que finalmente no fueron asumidas íntegramente por el Ejecutivo.
