El relevo de la actual magistrada de enlace ante las autoridades de Francia y Suiza fue un cese expreso dictado por el Gobierno y justificado en una «pérdida de confianza», según la información publicada por El Confidencial. La decisión afecta a Silvia Martínez Cantón, la jueza que ocupaba una plaza clave para la cooperación judicial internacional en un momento especialmente sensible: la investigación sobre la presunta trama vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero y al rescate de Plus Ultra.
El movimiento se comunicó a la magistrada a mediados de abril, apenas unas semanas antes de que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, activara el procedimiento para cubrir el puesto. La convocatoria apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 7 de mayo, lo que confirmó la voluntad del Ejecutivo de sustituir a la actual titular.
La salida de Martínez Cantón ha provocado inquietud en ámbitos judiciales y políticos por el contexto en el que se produce. La causa que afecta al expresidente socialista tiene su origen en una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2024, tras recibir avisos derivados de solicitudes de cooperación internacional procedentes de Francia y Suiza. En esos países, según la investigación, se habrían detectado movimientos relacionados con posibles maniobras de blanqueo de capitales conectadas al caso Plus Ultra.
La figura del magistrado de enlace no es meramente protocolaria. Su función consiste en facilitar y acelerar la cooperación entre autoridades judiciales de distintos países, sobre todo en investigaciones complejas de corrupción, crimen organizado, fraude fiscal o blanqueo de capitales. Por eso, el relevo resulta especialmente relevante cuando todavía están vivas diligencias con ramificaciones internacionales.
Martínez Cantón había sido nombrada para el cargo el 22 de julio de 2024. En aquel momento, el puesto quedó adscrito a Francia, pero con una acreditación extendida también a Suiza, precisamente para poder operar en ambos países. Su designación llegó después de que sonara para la plaza la exministra de Justicia Pilar Llop, una posibilidad que generó malestar en algunas asociaciones judiciales. Finalmente, el Gobierno optó por un perfil más técnico.
La resolución de 2024 establecía que el mandato tendría una duración de cinco años desde la toma efectiva de posesión, con posibilidad de prórroga motivada hasta un máximo de dos años adicionales. También fijaba un periodo mínimo de permanencia de dos años. Sin embargo, el cese se ha producido antes de que la magistrada llegara a cumplir ese plazo mínimo.
Fuentes conocedoras del caso aseguran que la destitución fue trasladada a la jueza por la directora general de Cooperación Jurídica Internacional, Eva María Pérez Martínez, siguiendo instrucciones del departamento de Justicia. Desde el entorno del Ministerio, en cambio, desvinculan a Bolaños de la decisión y subrayan que los magistrados de enlace dependen de esa dirección general.
El relevo ha alimentado sospechas porque, según distintas fuentes jurídicas citadas por El Confidencial, el malestar tendría relación con el manejo por parte de la magistrada de información sensible sobre Plus Ultra y otros asuntos sin que el Gobierno tuviera conocimiento directo de todos esos movimientos. Esas mismas fuentes apuntan también a la intención de colocar a una persona considerada más próxima a los intereses del Ejecutivo.
