El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes un nuevo plan de igualdad que contempla 22.611 millones de euros en recursos públicos entre 2026 y 2029, e incorpora medidas para combatir los discursos considerados «antifeministas», supervisar los sistemas de inteligencia artificial desde una perspectiva de género e impulsar el reconocimiento del aborto como derecho constitucional.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (IV PEIEMH), elaborado por el departamento que dirige Ana Redondo. La iniciativa incluye más de 750 medidas, distribuidas en 16 líneas de intervención y 34 objetivos específicos, que afectarán a distintos ámbitos de la Administración General del Estado.

Una de sus principales novedades es el refuerzo de la actuación institucional frente a los discursos de odio «antifeministas» en Internet. Según el Ministerio de Igualdad, estos mensajes contribuyen a normalizar la discriminación y la violencia contra las mujeres.

El documento también incorpora medidas frente a la denominada «violencia política contra las mujeres», que el Ejecutivo vincula a las estrategias de intimidación, acoso y silenciamiento de aquellas que participan en la vida pública.

Auditorías de inteligencia artificial y perspectiva de género en el cambio climático

Otra de las prioridades consiste en introducir la perspectiva de género en la regulación, supervisión y evaluación de los sistemas de inteligencia artificial. El Gobierno prevé impulsar auditorías para detectar posibles sesgos discriminatorios en estas tecnologías.

El plan también contempla incorporar criterios de género a las políticas climáticas y a la transición ecológica, con el objetivo declarado de aumentar la participación femenina en los procesos de transformación económica y medioambiental. Asimismo, el Ejecutivo insiste en su intención de incorporar el derecho al aborto a la Constitución, una de las iniciativas incluidas en el apartado dedicado a garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

En materia de violencia económica, el documento propone ampliar los umbrales de acceso al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, actualizar sus cuantías y desarrollar campañas de sensibilización. También plantea elaborar una clasificación de conductas de violencia económica destinada a profesionales jurídicos y asistenciales.

Más de 22.600 millones de euros hasta 2029

La memoria económica del plan estima en 22.611 millones de euros los recursos estatales vinculados a políticas con impacto de género durante los próximos cuatro años. No obstante, el propio Ministerio de Igualdad reconoce que esta cantidad no representa nuevos programas de gasto, sino que agrupa partidas ya contempladas en distintos ministerios y prestaciones de la Seguridad Social.

Según el departamento de Ana Redondo, nueve de cada diez euros de la estimación corresponden a actuaciones relacionadas con la igualdad económica, el empleo y la reorganización de los cuidados. Por su parte, más de 1.280 millones se vinculan a medidas de prevención, atención y reparación de la violencia machista.

El plan ha sido elaborado con la participación de organizaciones feministas, agentes sociales y distintos departamentos ministeriales. Su aprobación se produce a menos de tres semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y establece la hoja de ruta estatal en materia de igualdad hasta 2029.