El Gobierno de Pedro Sánchez logró colocar a Ignacio de Lucas Martín como representante de España en la Fiscalía Europea a través de una candidatura impulsada desde la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), una entidad financiada con fondos europeos y controlada por altos cargos del Ejecutivo.
Según ha revelado Vozpópuli, buena parte de los méritos que presentó De Lucas para optar al cargo —finalmente concedido tres días antes de las elecciones generales— proceden de actividades organizadas o financiadas por la propia FIIAPP. Charlas, cursos y colaboraciones vinculadas a esta fundación sirvieron para engrosar un currículum que, de otro modo, no habría superado al de otros candidatos con más experiencia reconocida, como el de María de las Heras García, exdirectora del Centro de Estudios Jurídicos y con amplia trayectoria en cooperación internacional.
Fuentes jurídicas apuntan que sin el respaldo directo de la FIIAPP, Ignacio de Lucas, cercano al PSOE y hermano de un exsenador socialista, no habría acumulado los puntos necesarios para imponerse en el proceso. De hecho, la fundación le adjudicó contratos por un total de 26.000 euros, siendo —según las mismas fuentes— el profesional más beneficiado de entre los 60 jueces y fiscales involucrados en las actividades financiadas.
El nombramiento de De Lucas, formalizado en julio de 2023, se produjo en plena investigación judicial sobre presuntas irregularidades en contratos adjudicados durante la pandemia. En ese contexto, surgieron indicios de posibles desvíos de fondos europeos en operaciones de venta de material tecnológico al Sahel, vinculadas también a la FIIAPP. La investigación de estos hechos, ahora bajo competencia de la Fiscalía Europea, ha quedado prácticamente paralizada desde la llegada del nuevo fiscal, pese a los indicios de conflicto de intereses por su implicación previa con la fundación.
Lejos de apartarse, como suele hacerse en estos casos para preservar la imparcialidad, De Lucas ha seguido al frente de una causa en la que su nombre figura vinculado a la entidad investigada. Este hecho ha generado preocupación entre juristas y fiscales europeos, que señalan su implicación como un posible motivo del estancamiento del caso.
