El Gobierno de Pedro Sánchez está convalidando títulos obtenidos en países africanos como la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para facilitar el acceso de jóvenes inmigrantes a la Formación Profesional en España, incluso en casos en los que desconocen el idioma español.
Según un reportaje reciente de La 8 Burgos, el centro CIFP San Gabriel de La Aguilera ha puesto en marcha un proyecto piloto que ha traído a diez jóvenes de Ghana —pronto serán quince— para cursar ciclos de Grado Medio y Superior en especialidades como Soldadura y Calderería o Electromedicina Clínica. La directora académica del centro explicó sin rodeos que el único requisito es que los estudiantes hayan completado los estudios obligatorios en su país de origen, los cuales se convalidan de forma telemática a través del Ministerio de Educación. De esta manera, el Gobierno permite que estos títulos extranjeros equivalgan directamente a la ESO española sin necesidad de exámenes adicionales ni pruebas presenciales.
Esta práctica se ampara en el procedimiento estándar de homologación regulado por el Ministerio de Educación, pero su aplicación en este caso concreto ha generado polémica porque se centra en alumnos procedentes de países africanos. Aunque la normativa es la misma para cualquier nación, el proyecto piloto de Burgos ilustra cómo se prioriza la llegada de mano de obra joven de Ghana para cubrir la falta de estudiantes y trabajadores en la Ribera del Duero. Los jóvenes obtienen visado de estudios, que les permite trabajar hasta 30 horas semanales, pero el debate surge al constatar que el dominio del castellano no es un obstáculo insalvable para la convalidación inicial del título.
Críticos del Ejecutivo de Sánchez argumentan que esta convalidación automática, unida a la ausencia de un requisito explícito de competencia lingüística en la fase de homologación, facilita la entrada de alumnos que luego tendrán dificultades para seguir clases impartidas íntegramente en español. En el reportaje, la responsable del centro no menciona ningún curso previo de idioma ni prueba de nivel, lo que refuerza la percepción de que el Gobierno está priorizando la captación de inmigrantes sobre la garantía de que puedan integrarse académicamente desde el primer día.
El caso de La Aguilera no es aislado, pero pone de manifiesto una política educativa que, según sus detractores, utiliza la Formación Profesional como vía rápida para regularizar perfiles laborales en sectores con escasez de mano de obra. Mientras el Ministerio mantiene que se trata de un procedimiento legal y abierto a todos los países, la realidad en Burgos muestra que la convalidación de la ESO ghanesa se está empleando de forma activa para traer estudiantes africanos, independientemente de su conocimiento inicial del idioma. Esto ha reavivado el debate sobre si España está bajando el listón educativo para resolver problemas demográficos y de empleo a corto plazo.
