El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso más en su persecución contra la libertad y ha anunciado que creará una estructura de vigilancia permanente para controlar lo que los ciudadanos publican en redes sociales. La excusa oficial: frenar los llamados «discursos de odio», un término cada vez más ambiguo que, en la práctica, está sirviendo para restringir opiniones incómodas bajo la apariencia de protección frente a la xenofobia o el racismo.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha liderado una reunión con representantes de grandes corporaciones tecnológicas —Meta, Google, X (antes Twitter) y TikTok— en la que se ha hablado de reforzar los mecanismos para detectar y eliminar contenidos que el Gobierno considera inapropiados. Según la versión oficial, el objetivo es «garantizar un entorno digital más seguro y respetuoso», aunque no se especifica quién decide qué opiniones son aceptables y cuáles deben ser eliminadas.
Durante el encuentro, Saiz ha agradecido la colaboración de las plataformas y ha presentado los trabajos realizados por su Ministerio junto al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), una institución pública que ha comenzado a elaborar informes sobre publicaciones y comentarios en redes sociales. Uno de los casos mencionados ha sido el incidente en Torre-Pacheco, utilizado como ejemplo para justificar esta ofensiva contra la libertad de expresión.
Fruto de esta reunión, el Gobierno ha impulsado la creación de un «grupo de seguimiento permanente» que se dedicará a observar y analizar lo que se dice en Internet. Este organismo, en la práctica, funcionará como un sistema de monitoreo estatal sobre las redes sociales, apoyado por las propias plataformas, que tendrán que colaborar en la retirada de mensajes considerados ofensivos u «odiantes».
Las cifras oficiales presentadas muestran una clara voluntad de control: sólo en 2024, el OBERAXE notificó casi 3.000 publicaciones por considerarlas potencialmente delictivas, de las cuales un 35% fueron eliminadas. Un año antes, ese porcentaje era del 49%, lo que el Ministerio interpreta como un descenso preocupante en la «eficacia» de la censura digital. En lo que va de 2025, ya se han detectado más de 500.000 mensajes clasificados como «discursos de odio», y aunque un tercio han sido borrados, el Gobierno considera que sigue siendo insuficiente.
La ministra ha señalado que el sistema más eficaz para lograr la retirada de contenidos es el de los trusted flaggers, es decir, entidades autorizadas por el propio Gobierno para denunciar publicaciones. Estas denuncias tienen casi tres veces más éxito que las realizadas por usuarios particulares, lo que evidencia una jerarquización en el derecho a quejarse: sólo ciertas voces, con el sello del poder, son tenidas en cuenta.
«El Gobierno no va a hacer oídos sordos», ha afirmado Saiz, insistiendo en que las redes sociales tienen «consecuencias reales». Lo que no ha aclarado es cómo se garantizará que este sistema no termine sirviendo para acallar críticas legítimas, opiniones disidentes o incluso bromas que escapen al filtro ideológico oficial. Para muchos observadores, lo que se está creando es una maquinaria de censura con el beneplácito de las grandes plataformas tecnológicas.
Con esta nueva ofensiva, el Ejecutivo de Sánchez refuerza su control sobre el espacio digital bajo el paraguas de la corrección política, al tiempo que borra las líneas que separan la protección de derechos del silenciamiento selectivo. Una estrategia que, lejos de promover la convivencia, amenaza con convertir las redes sociales en espacios cada vez más vigilados y menos libres.
