El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, ha respaldado este jueves el dictamen relativo a la propuesta del Ejecutivo de incorporar el aborto como «derecho» en la Constitución. El pronunciamiento, adelantado el pasado 13 de febrero, se alinea con la iniciativa promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez y supone un nuevo avance en su propósito de modificar el artículo 43 de la Carta Magna.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado públicamente el resultado de la votación y lo ha presentado como un logro compartido. «Muchos hombres en este país nos sentimos orgullosos y estamos caminando de vuestro lado por la transformación y el avance de nuestro país», afirmó tras conocerse el respaldo del órgano consultivo.
La decisión ha generado una inmediata reacción en distintos sectores de la sociedad civil. Desde la Fundación NEOS, a través de un mensaje difundido en la red social X, han denunciado que la votación constituye «un fraude de ley y un atentado contra la dignidad humana». La entidad rechaza que el aborto pueda elevarse a la categoría de derecho constitucional y advierte de que, a su juicio, se trata de un paso más en la consolidación de lo que definen como «cultura de la muerte».
En términos similares se ha pronunciado la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad. La organización sostiene que la iniciativa no es una mera reforma técnica, sino una alteración de fondo del marco moral y jurídico sobre el que se asienta la convivencia constitucional. A su entender, presentar la medida como un avance encubre un intento de blindaje ideológico de una práctica que afecta, subrayan, al derecho más elemental: el derecho a la vida.
Además del plano ético, la Asamblea cuestiona el encaje jurídico escogido por el Gobierno. Critica que se pretenda introducir el aborto en el artículo 43, dedicado a la protección de la salud, en lugar de acudir al procedimiento agravado previsto para reformas que afectan al núcleo esencial de los derechos fundamentales. A su juicio, optar por esta vía supone eludir el debate de fondo y evitar la exigencia de un consenso reforzado.
«Blindar el aborto en la Constitución no amplía derechos, sino que excluye al más vulnerable«, resume la organización, que advierte del riesgo de supeditar el derecho a la vida a mayorías parlamentarias circunstanciales. En un comunicado, reclama a las Cortes Generales que frenen cualquier modificación que, en su opinión, erosione el fundamento del orden constitucional y rechazan que la Carta Magna se utilice como instrumento de «ingeniería social».
Tras el aval del órgano consultivo, la iniciativa queda ahora en manos de las Cortes Generales, que deberán decidir si el nuevo párrafo se incorpora finalmente al articulado constitucional.
