Nuevo saqueo del Gobierno de Pedro Sánchez a los españoles. En esta ocasión, el Ejecutivo ha aprobado la concesión directa de una subvención pública por valor de 150.000 euros destinada a un programa en Brasil centrado en el «fortalecimiento y protección de indígenas LGBTQIA+ del pueblo guaraní», según consta en la información oficial publicada en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas y ha adelantado Pablo Cambronero.
La ayuda, tramitada como concesión directa de carácter instrumental, será financiada íntegramente con fondos públicos y se articula como una subvención sin contraprestación. El proyecto aparece fechado el 22 de julio de 2025 y está gestionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, organismo dependiente del Gobierno central.
De acuerdo con la ficha oficial, el programa lleva por título «Brasil. Programa Indígena 2025. Fortalecimiento y protección de indígenas LGBTQIA+ pueblo Guaraní» y tiene como destinatarios personas jurídicas que no desarrollan actividad económica. La iniciativa se enmarca dentro de las políticas de cooperación internacional impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que en los últimos años ha incrementado el gasto en proyectos ideológicos en el exterior mientras se mantienen problemas estructurales sin resolver en España.
La decisión ha generado una fuerte polémica, al tratarse de una transferencia de fondos públicos a miles de kilómetros de España, dirigida a un colectivo muy concreto en Brasil, en un contexto de elevada presión fiscal, inflación persistente y dificultades económicas para muchas familias españolas. Las críticas señalan que el Gobierno prioriza agendas identitarias y causas internacionales antes que la atención a necesidades urgentes dentro del territorio nacional.
Desde sectores críticos con el Ejecutivo se denuncia que este tipo de subvenciones responden a una estrategia ideológica globalista y woke, ajena a los intereses reales de los contribuyentes, que son quienes finalmente financian estas iniciativas. También se cuestiona la falta de debate público y de control parlamentario previo sobre el destino de estos fondos.
Mientras el Gobierno defiende estas partidas como parte de su compromiso con la cooperación y los derechos humanos, crece el malestar social por lo que muchos consideran un uso arbitrario del dinero de todos los españoles, destinado a proyectos lejanos y de dudosa prioridad en plena incertidumbre económica.
