Nuevo despilfarro del Gobierno de Sánchez con dinero de los españoles. En esta ocasión, el Ejecutivo ha destinado 400.000 euros de fondos públicos a un proyecto en Bolivia centrado en “voces y derechos en el espacio cívico digital”, según consta en el sistema oficial de subvenciones.
La ayuda, avanzada por Pablo Cambronero, aparece registrada en la plataforma SNPSAP como una concesión directa de carácter instrumental, es decir, otorgada sin concurrencia competitiva. El importe total asciende a 400.000 euros y se ha concedido bajo la fórmula de «subvención y entrega dineraria sin contraprestación», lo que implica que no existe una obligación directa de retorno económico por parte del beneficiario.
El destinatario de estos fondos es la Fundación Construir, una entidad jurídica sin actividad económica, de acuerdo con la información reflejada en el expediente. La concesión se formalizó a finales de 2025 dentro de una convocatoria específica vinculada a programas de gobernabilidad y participación en entornos digitales.
El proyecto financiado lleva por título «Convocatoria instrumental. Bolivia. 2025. Gobernabilidad. Voces y derechos en el espacio cívico digital», y se enmarca en las políticas de cooperación internacional impulsadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Este tipo de iniciativas suelen orientarse, según el Gobierno, a reforzar la participación ciudadana, la transparencia institucional y los derechos digitales en terceros países.
Sin embargo, la asignación de recursos a programas fuera de España vuelve a generar críticas en determinados sectores, que cuestionan la prioridad de este tipo de gastos frente a necesidades internas. La concesión directa, además, ha sido señalada como un mecanismo que reduce los controles competitivos habituales en la adjudicación de subvenciones.
Este caso se suma a otras partidas destinadas a proyectos internacionales en los últimos meses, en un contexto marcado por el debate sobre el uso de fondos públicos. Mientras el Ejecutivo defiende que estas inversiones forman parte de los compromisos de cooperación y desarrollo, sus detractores consideran que responden a una política de gasto difícil de justificar ante los contribuyentes españoles.
