El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado un nuevo compromiso con la Organización Mundial de la Salud (OMS), destinando 60 millones de euros más a la institución, justo cuando Donald Trump ha firmado un decreto para que Estados Unidos abandone este organismo.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido esta contribución, argumentando que «la salud no conoce fronteras» y que es vital una coordinación sanitaria global. Sin embargo, esta importante inversión hacia la OMS contrasta con la falta de apoyo a otros sectores con dificultades en España, como son los pacientes de ELA o las víctimas de la riada en Valencia, a los que les ha llegado tan sólo un 6% de las ayudas prometidas.
Aunque la ministra ha sido nombrada representante de Europa en el Consejo Ejecutivo de la OMS, donde España representará los desafíos de la salud global, la realidad interna muestra una disparidad notable. García ha recordado que episodios como la pandemia de la COVID-19, de la cual se cumplen cinco años, demostraron que «para que todos nos salvemos, se tiene que salvar todo el mundo». No obstante, esta filosofía no se refleja en el apoyo a los pacientes de ELA dentro de nuestro país, donde la coordinación y el apoyo financiero son claramente insuficientes.
La responsabilidad de atender a estos enfermos no recae sólo en el Ministerio de Sanidad, sino que es una obligación del Gobierno en su conjunto. Así, la situación plantea un dilema moral y práctico sobre cómo se priorizan los recursos y la atención sanitaria a nivel nacional en contraste con el apoyo internacional.